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La soledad del consumidor: desahucios y preferentes

Por EVA BARTOLOME

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En un contexto de grave crisis económica como la que estamos sufriendo desde hace años, se hace primordial reivindicar y respetar los derechos de los consumidores, quienes en esta coyuntura pueden, y de hecho son, víctimas de abusos.

 

En los últimos años, las reclamaciones de los consumidores se han incrementado como nunca antes. De las reclamaciones presentadas por los usuarios, el mayor número corresponde a servicios de telefonía y eléctricas, especialmente por facturaciones indebidas o incluso abusivas.

 

A estos sectores últimamente se han sumado las reclamaciones masivas a las entidades financieras en una doble vertiente: los desahucios y las preferentes. Se han convertido en verdaderos dramas humanos. Las alternativas que se ofrecen a los afectados por las preferentes, ni devuelven la inversión ni resarcen el daño causado. El marco legal actual garantiza que los bancos cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas hipotecadas.

 

La Administración debe controlar sus prácticas y sancionar los incumplimientos  de la normativa en defensa de los derechos de los consumidores.

 

Si las reclamaciones de los consumidores se han incrementado como nunca, tanto los expedientes como las resoluciones debieran haberlo hecho también. Y no ha sido así. El Gobierno, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, que ha asumido las competencias de la extinta Agencia Cántabra de Consumo, está gestionado los mismos expedientes de años anteriores. Por tanto, no se está respondiendo a las nuevas necesidades.

 

El Gobierno se desentiende de los problemas de los consumidores y se limita a conceder subvenciones a los colectivos: asociaciones y oficinas municipales. Eso está muy bien si no fuera porque el Gobierno es el competente en esta materia y debe actuar; sin embargo han generalizado el principio de “que lo resuelvan otros”.

 

Pero, ¡claro! cómo vamos a esperar que  defiendan a los usuarios y consumidores si en muchos casos son juez y parte. Por ejemplo, muchas de las campañas de FACUA van dirigidas contra decisiones del propio Gobierno, como las tasas judiciales, los recortes sanitarios, la subida del IVA, los recortes en la educación pública...¡Cómo se van a enfrentar a ellos mismos!.

 

En otros casos van dirigidos a grandes compañías con muchos intereses por medio, donde algunos acaban de Consejeros con sueldos millonarios.

 

No es de extrañar, por tanto, que  los consumidores se  tengan que apoyar unos a otros y reunirse en asociaciones y plataformas  de afectados, para hacer presión e intentar solucionar sus problemas, porque saben que no pueden contar con la Administración Pública. Y no porque el funcionariado no ponga todo de su parte, porque es básicamente el mismo de siempre. Lo que ha cambiado es la decisión del Gobierno que ha mermado medios, recursos y voluntad política.

 

Ahora que por la subida de las tasas, recurrir a la Justicia sólo esta al alcance de quienes se lo puedan permitir económicamente, es decir, cada día menos gente, la intervención de la administración y la derivación al arbitraje es más importante. Sin embargo, el consumidor está sólo y el Gobierno desaparecido.

 

*Diputada del PRC

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