El 6 de febrero todas luchamos por acabar con la mutilación genital femenina

Por ARGENTINA CABARGA

Con el fin de poner el acento sobre el problema, y que al menos por un día seamos conscientes de su existencia y de la importancia de trabajar en la búsqueda de soluciones, en 2012 la Asamblea General de la ONU designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina, creando un espacio de concienciación para su observancia internacional.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina (MGF) consiste en “todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos”. Y tenemos que recordar que es una cuestión de derechos humanos, y de violencia contra la mujer.

Estas prácticas son un acto de violencia contra niñas y mujeres sin ningún tipo de beneficio para su salud, es una práctica dolorosa que puede derivar en graves consecuencias, viola el derecho de niñas y mujeres a la integridad, afecta directamente a su salud física, sexual, reproductiva y psicológica que incluso puede provocar la muerte, y que además perpetúa la desigualdad de género.

En 28 países africanos, la realización de la MGF es una práctica habitual en el contexto cultural de los ritos de paso a la edad adulta, y como elemento de socialización de las niñas. Con los movimientos migratorios, lo que un día fue local hoy es global, y la práctica está en diáspora a nivel mundial.

Aunque en España la incidencia es baja, no deja de ser una realidad social, y somos receptores de personas provenientes de países donde la MGF sí se practica. En la lucha global contra este tipo de violencia, uno de los principales escollos es la recopilación de datos. Este problema de falta de datos también se da en España, pero según cálculos de Save the Children, más de 3600 niñas y adolescentes estarían en riesgo de sufrirla.

En España, la MGF es constitutiva de delito, el cual se castiga con pena de prisión de entre 6 y 12 años si la realiza una persona con nacionalidad española, o con residencia en territorio español. Por este motivo, aunque estas prácticas han aumentado en los últimos años, no se realizan en España. Los viajes a la comunidad familiar de origen constituyen el principal riesgo para las niñas y adolescentes, porque allí, por tradición cultural y, a veces, religiosa, son sometidas a algún tipo de ablación genital. Una tradición, un rito de iniciación que las mutila y condiciona toda su vida.

Este problema, en nuestro país, se debe afrontar centrando los esfuerzos en la prevención, detección y protección de niñas en riesgo de sufrir mutilación genital, y en la atención a aquellas que llegaron a España ya mutiladas. Algunas comunidades autónomas tienen su propio protocolo de actuación cuando se identifica un posible caso de MGF, y desde 2015 también existe un protocolo a nivel nacional.

El Ayuntamiento de Bilbao nos proporciona un buen ejemplo de un proyecto pionero que comenzó en el año 2013, con un programa piloto de prevención y concienciación sobre la mencionada práctica. Este plan se materializa en dar formación y sensibilización a madres provenientes de los países donde estas prácticas son habituales, formándolas como Agentes de Salud encargadas de la transmisión en las comunidades de pertenencia, sensibilizando e informando a otras mujeres sobre la práctica, convertidas en portavoces e interlocutoras en el abandono de esta práctica. A lo largo de estos 10 años, se ha formado a 189 Agentes de Salud: 159 mujeres africanas supervivientes de la práctica, y también a 30 hombres africanos, que han contactado con más de 2000 mujeres y hombres a quienes han informado, reflexionado y sensibilizado en prevención de la MGF, sus consecuencias legales y para la salud, gracias a este proyecto.

Con esto se demuestra que la incorporación de estas mediadoras y mediadores a la intervención es determinante para lograr los objetivos.