Firmado el acuerdo para la recuperación de la jornada de 35 horas en funcionarios
Se establece un régimen común en el que se enmarcarán las próximas mejoras en materia de retribuciones, ofertas de empleo público y jornada de trabajo
24-10-2018
El Gobierno de Cantabria y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han firmado hoy, en el seno de la Mesa General de Negociación, el acuerdo marco para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración autonómica.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha señalado que este acuerdo representa "un gran paso" en la recuperación de derechos de los empleados públicos, un camino emprendido esta legislatura para el que el Gobierno hace un "esfuerzo" en un momento aún de dificultades económicas y en un contexto "de inseguridades" sobre los recursos disponibles por parte del Estado y de la Unión Europea.
El consejero ha reconocido el "esfuerzo" de sindicatos y empleados públicos para alcanzar una solución "ambiciosa", que, si bien -ha señalado- "nos hubiera gustado dar todo" lo demandado por las organizaciones sociales.
Por su parte, Francisco Javier Báscones, coordinador del Área Pública de CCOO, ha señalado que, en la mañana de hoy, su organización ha firmado un "buen acuerdo", aunque "no llegue al cien por cien" de lo deseable, por "corresponsabilidad" con lo firmado a nivel nacional, que ha permitido "avanzar en la negociación colectiva".
Además, Luis Clemente, de UGT, ha señalado que "es un avance muy importante en la recuperación de los derechos suprimidos en 2012 por el Gobierno del Partido Popular"
Clemente ha querido destacar que "sin ser el mejor de los acuerdos, los avances son tan importantes que no podíamos dejar de firmar". En este sentido, ha señalado que éste es "un salto cualitativo" de gran importancia y ha puesto en valor lo que supone como "recuperación de la negociación colectiva", ya que, por primera vez desde 2012, se han podido negociar asuntos fundamentales en materia de jornada laboral, incapacidad temporal o conciliación de la vida familiar y laboral.
Por otro lado, las organizaciones CSIF y la Federación de Servicios de Educación y Sanidad (FSES) han decido no suscribir el acuerdo por considerarlo insuficiente en la aplicación de la recuperación de las 35 horas semanales, en las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral o de carrera profesional y por cuestiones referidas a su ámbito sindical.
Mejora de las condiciones laborales
El presente acuerdo tiene por objeto el establecimiento de un régimen común que determine el alcance de las negociaciones para la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos autonómicos.
Se trata de una estrategia común entre el Gobierno y los sindicatos que aborda diferentes aspectos relativos a las retribuciones salariales, el alcance de las ofertas de empleo público y de la jornada de trabajo, la recuperación de los complementos en las situaciones de incapacidad temporal, junto a varias medidas de conciliación de la vida personal y laboral.
El acuerdo es de aplicación al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General, los organismos públicos y entidades de derecho público de Cantabria, en total unos 19.000 empleados públicos.
Uno de los aspectos destacados que contempla tiene que ver con los complementos por incapacidad temporal. En este sentido, la Mesa General de Negociación ha acordado el restablecimiento del complemento retributivo desde el primer día, alcanzándose el 100 por cien de las retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad, ya sea por contingencia común o profesional.
Respecto a las retribuciones salariales, se establece un incremento progresivo del 8,79 por ciento hasta 2020 o, en su caso, la subida máxima que se establezca en la legislación básica estatal. En 2018 ya se ha aplicado la subida del 1,75% fijada en los Presupuestos del Estado.
Del mismo modo, se reconoce un fondo adicional del 0,20% para este año y se prevé el establecimiento de otros fondos adicionales en una cantidad equivalente al 1,35 por ciento de la masa salarial hasta el año 2021 para, entre otras cuestiones, implantar planes o proyectos de mejora de la productividad y la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destinos o la aportación a planes de pensiones.
Tras cumplir Cantabria los objetivos de estabilidad presupuestaria, déficit y regla de gasto, el Gobierno podrá potenciar la creación de empleo público estable e incrementará las ofertas de empleo público ordinarias, convocadas anualmente, con una tasa de reposición de efectivos del 100 por cien. A esta tasa se podrá sumar un 8 por ciento adicional para el refuerzo de la plantilla autonómica y generar empleo público neto.
En el momento en el que la Administración General del Estado elimine la tasa de reposición de efectivos, la Comunidad Autónoma de Cantabria asumirá de forma inmediata dicha eliminación.
Cabe recordar que, recientemente, el Gobierno de Cantabria y los representantes sindicales han acordado las Ofertas de Empleo Público (OEP) ordinaria y de estabilización, correspondientes a 2018 y que serán ejecutadas con sus homólogas de 2017, mediante el sistema concurso-oposición.
Se trata de una oferta de empleo público histórica en la Administración General Autonómica, formada conjuntamente por 922 plazas, de las que 698 son de libre acceso y 224 de promoción interna.
Recuperar las 35 horas semanales
En la reunión del Consejo de Gobierno de la semana pasada se asumió el compromiso de incluir en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019 y 2020 las partidas necesarias que permitan la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos autonómicos.
Esto permitirá llevar a cabo la preceptiva negociación colectiva en la Mesa General de Negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo para recuperar la jornada de 35 horas semanales de promedio anual de forma simultánea en todos los sectores donde estaba implantada dicha jornada. En el ejercicio presupuestario de 2019 se llegarán a las 36 horas y, en 2020, las 35 horas.
Esta medida incluye un coste mínimo para la aplicación de la jornada de 35 horas en todos los sectores donde ya estaba implantada antes de 2012. La previsión presupuestaria anual aproximada sería de 9.163.918 euros.
También se ha acordado dar continuidad a las ofertas de empleo extraordinarias para la estabilización de empleo temporal, como la de 2017 y 2018, y que se ajustarán a una serie de premisas, según lo recogido en este acuerdo marco. El objetivo es que la tasa de interinidad al final del periodo se sitúe por debajo del 8 por ciento en todos los ámbitos de la Administración autonómica.
Por último, se concretan medidas para la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos mediante la aprobación de planes de igualdad, la creación de bolsas de horas dirigidas al cuidado de personas mayores, cuidado de hijos o familiares con discapacidad, y la regulación interna de los cambios legislativos sobre el permiso de paternidad.
"Voluntad negociadora"
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha mostrado su satisfacción tras la firma de este acuerdo, que demuestra una vez más la "voluntad negociadora" del Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla y el compromiso por "mejorar la situación de los servicios públicos y recuperar los derechos laborales de sus empleados", tras los "duros recortes" efectuados en la etapa de gobierno del PP.
De la Sierra ha mencionado algunos acuerdos en este ámbito, como el que recuperó los derechos sindicales, la devolución de los días por asuntos particulares y de la paga extra, junto a la activación de la oferta de empleo público y de la carrera profesional del personal funcionario y laboral.
En esta misma materia, Gobierno y sindicatos han acordado en la presente legislatura la regulación del procedimiento para la provisión de puestos de trabajo mediante comisiones de servicio y el protocolo de prevención y actuación ante agresiones a los empleados públicos.
Otras mejoras han consistido en el levantamiento parcial de la suspensión de acuerdos en materia de la carrera profesional del personal de instituciones sanitarias y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia, con la devolución de los 80 euros, así como la entrada en vigor de las medidas estructurales del operativo de prevención y lucha contra incendios forestales.
"El Gobierno cántabro mantendrá la voluntad negociadora en el desarrollo del nuevo Acuerdo marco, con la misma disposición a lograr acuerdos y con el fin de recuperar los derechos laborales perdidos y la calidad de los servicios públicos", ha concluido De la Sierra.
El sindicato exige extender la medida a otras administraciones públicas
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha rubricado hoy en la mesa general de la función pública de Cantabria el acuerdo para la recuperación de derechos de los empleados públicos de la Administración autónoma, que el sindicato reclama "se extienda lo antes posible a las demás administraciones públicas".
El sindicato recuerda que el acuerdo suscrito hoy con el consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, y que también ha sido firmado por CCOO, "es un acuerdo marco, por lo que se firma en su conjunto o se pierde todo" y critica que "no firmarlo implica un significativo retroceso en la recuperación de derechos fundamentales".
FeSP-UGT destaca que el acuerdo suscrito hoy en la mesa general de la función pública contiene un aumento retributivo para recuperar el poder adquisitivo y la inclusión del acuerdo estatal que ya firmó el sindicato el pasado 9 de marzo, además de medidas para la estabilización del empleo o la recuperación de la jornada de 35 horas, que el sindicato consideraba como una de sus reivindicaciones prioritarias.
Además, el acuerdo recupera la totalidad del salario en casos de incapacidad temporal que "erradica penalizar al empleado público por estar enfermo y estipula la ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas como una de las medidas encaminadas a la conciliación de la vida laboral y familiar.