Editorial de Cantabria24horas.com

Según ha adelantado RTVE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en lo que se refiere a su orden europea de detención y entrega de Carles Puigdemont.

Esta autoridad judicial afirma que cada país de la Unión debe acatar y ejecutar la euroorden de detención y no alegar falta de competencia del órgano jurisdicional del Estado miembro que la emite.

En esta orden también están implicados otros ex miembros del gobierno catalán que lideró el procés soberanista, tales como Toni Comín, Clara Ponsatí o Lluis Puig.

Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí y Comín tienen una protección extra porque son eurodiputados, y aún está pendiente que se suspensa su inmunidad parlamentaria, que impide que sean detenidos. No es el caso de Puig.

Qué dice el TJUE

Puigdemont, con Toni Comín y Clara Ponsatí

El Tribunal de Justicia europeo, en su sentencia, explica este martes que Bélgica no puede rechazar la entrega de los requeridos por la Justicia española para que sean juzgados.

Hasta ahora, Bélgica había alegado para no entregar a los líderes independentistas catalanes que existía riesgo de que se violasen sus derechos fundamentales, pero el TJUE explica que Bélgica no ha demostrado en ningún momento que haya "deficiencias sistémicas y generalizadas en España", por lo que no puede poner en duda las competencias del Tribunal Supremo español como autoridad judicial para emitir estas euroórdenes.

Ante esta sentencia no cabe recurso y es de obligado cumplimiento, por lo que los arrestos podrían ser inminentes, salvo para el caso de los requeridos que son eurodiputados, como es el caso, decíamos, de Puigdemont.

Es una respuesta al requerimiento del juez Llarena, el cual emitió en marzo de 2021 tras la negativa de la Justicia belga de entregar a Lluis Puig, alegando que el tribunal competente para reclamar la extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), además de dudar de que se respetasen los derechos fundamentales del requerido, tales como la presunción de inocencia.

Imputación a Puigdemont

El juez Pablo Llarena y Carles Puigdemont

En estos momentos, Puigdemont está sólo imputado ya por desobediencia y malversación, después de que Llarena retirase la acusación por sedición, una vez derogado este delito. Sin embargo, la Fiscalía discrepa y pide que sea imputado por el nuevo delito de "desórdenes públicos agravados".

En su argumentación, la Fiscalía del Supremo considera: "Los hechos constituyen un delito de desórdenes públicos porque se cumplen todos los elementos típicos del artículo 557.2 del Código Penal: actuación en grupo, fin de atentar contra la paz pública, incumplimiento de resoluciones judiciales y realización de actos típicos de violencia, intimidación, obstaculización de vías públicas con riesgo personal o invasión de edificios alterando sus servicios esenciales".