Un juzgado de instrucción de Collado Villalba ha decidido procesar al director de 'Okdiario', Eduardo Inda, y a uno de sus reporteros, Alejandro Entrambasaguas, por apreciar indicios de acoso a los hijos del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Tal y como informa 'La Vanguardia', la jueza Sara Rodríguez Huertas les habría citado el próximo lunes a ambos para comunicarles la apertura de diligencias en relación a la querella presentada por los líderes de Podemos en diciembre de 2019.

Ya un auto judicial sobre la investigación del caso, desvelado por 'Público' en mayo, revelaba que el pasado otoño Inda envió a Entrambasaguas a investigar el entorno de los líderes de Podemos para realizar un reportaje sobre sus tres hijos nacidos en 2018 y 2019, respectivamente.

Una investigación que Entrambasaguas -quien previamente ya había viajado a Bolivia para tratar de probar sin éxito una supuesta financiación irregular de la formación morada- habría llevado a cabo mediante el seguimiento y merodeo de la residencia de la familia como detectaron los escoltas; insistencia a los vecinos para obtener información e incluso su personación, en varias ocasiones, en la propia casa de la cuidadora a quien llamó hasta 14 veces por teléfono provocando que finalmente por el agobio renunciara a su contrato con Iglesias y Montero.

Rutinas de los niños

De hecho, la cuidadora, según señala 'La Vanguardia', se habría visto obligada a modificar incluso sus rutinas con los niños limitándose a sacarlos a las zonas comunes de su urbanización para tratar de esquivar al periodista -Iglesias y Montero dejaban a sus tres hijos en su domicilio-, pero el periodista también abordaba a sus propios vecinos con preguntas sobre la familia del vicepresidente.

Finalmente, habría visto tan alterada su labor que decidió rescindir el contrato por la alteración de su vida cotidiana que suponía.

La magistrada considera que estos hechos podrían suponer un delito de acoso contra los menores y un delito contra la libertad ya que obligó a los padres a buscar otra opción para el cuidado de sus hijos.