El PP impone en Santander una subida salarial para su personal mientras la oposición abandona el pleno en protesta
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santander terminó este miércoles marcado por la polémica. La oposición en bloque (PSOE, Vox, PRC e IU) abandonó la sesión en protesta por lo que calificaron como una "imposición" del equipo de Gobierno, liderado por la alcaldesa Gema Igual (PP), para aprobar un incremento retributivo exclusivo para sus cinco auxiliares administrativas.
Según denunciaron los grupos de la oposición, esta subida salarial, que eleva los sueldos de las auxiliares del PP de 24.000 a 36.000 euros anuales, fue incluida en el orden del día "por la puerta de atrás" y sin justificar su urgencia.
El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, criticó la falta de transparencia del PP al introducir esta medida, destacando que "en lugar de contratar al sexto auxiliar que les corresponde, han optado por subir el sueldo a los suyos, rompiendo el acuerdo inicial de legislatura".
Desde Vox, su portavoz Laura Velasco cuestionó el procedimiento, señalando que aunque entienden la necesidad de reconocer el aumento de carga laboral, "no se puede hacer de forma discriminatoria". Velasco denunció una diferencia salarial de más de 10.000 euros entre los auxiliares del PP y los del resto de grupos, calificando la actitud del equipo de Gobierno como "caciquil".
El PRC y IU se sumaron a las críticas, calificando el procedimiento como una "falta de sensibilidad y compañerismo", y acusaron al PP de actuar con "nocturnidad y alevosía".
Por su parte, la alcaldesa Gema Igual defendió la medida alegando que las auxiliares afectadas trabajarán cinco horas más a la semana y tendrán mayor disponibilidad, lo que justifica la subida salarial. Igual tachó de "indigno" el comportamiento de la oposición y criticó que abandonaran el pleno en lugar de expresar su postura en el debate.
El enfrentamiento deja patente la creciente fractura en el Ayuntamiento de Santander, donde las formas del equipo de Gobierno del PP están siendo cuestionadas, mientras Vox y el resto de la oposición buscan reforzar un discurso de fiscalización frente a las decisiones unilaterales del Ejecutivo local.