El Ayuntamiento de Santander abre la posibilidad de resolver el contrato de Parques y Jardines por incumplimientos de la empresa adjudicataria
El Ayuntamiento de Santander ha dado un paso firme al decidir iniciar un expediente para resolver el contrato con Légamo Infraestructura Verde, la empresa encargada del mantenimiento de parques y jardines desde mayo de 2023. La Junta de Gobierno Local aprobó este lunes la medida, motivada por tres informes técnicos que concluyen que la compañía no ha cumplido con varias de las obligaciones estipuladas en el contrato.
La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, explicó que esta decisión se basa en la necesidad de garantizar la calidad en la prestación de servicios municipales y proteger el dinero público. Paralelamente, también se ha iniciado un expediente sancionador que propone penalidades por 160.000 euros, amparadas en ocho informes técnicos que señalan 14 infracciones adicionales. Esta nueva multa se suma a la sanción de 48.507 euros impuesta el pasado noviembre por deficiencias relacionadas con la maquinaria, lo que evidencia un historial de conflictos con la adjudicataria.
Un contrato bajo la lupa desde el principio
El contrato, valorado en 12,5 millones de euros anuales y con una duración de cuatro años, estuvo envuelto en controversias desde su adjudicación a finales de 2022. Tras un proceso de licitación disputado, marcado por recursos de empresas competidoras, Légamo asumió el servicio en mayo de 2023. Sin embargo, a lo largo del último año y medio, los problemas de ejecución han generado constantes fricciones entre la empresa y el consistorio.
Plazos y próximos pasos
El Ayuntamiento ha otorgado a Légamo un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones tanto al expediente de resolución del contrato como al de sanción. Rojo defendió la actuación del equipo de gobierno, afirmando que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio desde el inicio del contrato. Según la concejala, "estas decisiones se basan en los informes técnicos, con el objetivo de que los servicios se presten con los máximos estándares de calidad".
Por ahora, el futuro del contrato queda en manos del proceso administrativo. Si las alegaciones de Légamo no son aceptadas, la empresa podría enfrentarse a la rescisión del contrato. "Nuestra prioridad es asegurar unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos, y no vamos a dar un paso atrás en ese compromiso", concluyó Rojo.
Esta situación pone de manifiesto la importancia de un estricto control sobre la ejecución de los grandes contratos municipales, con el fin de garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones adquiridas y que los santanderinos reciban el servicio que merecen.