Vecinos de Castro Urdiales han convocado una concentración el próximo domingo 26 de abril a las 13:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, con el objetivo de reclamar explicaciones sobre la gestión y financiación de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados en Cantabria.
A esta movilización se sumarán también ciudadanos procedentes de Cartes y Santander, en una convocatoria conjunta que busca visibilizar lo que los organizadores consideran una falta de transparencia en el uso de fondos públicos y en la toma de decisiones por parte de las administraciones.
Entre sus principales reivindicaciones, los convocantes exigen información detallada sobre el destino de los recursos públicos destinados a estos centros. En concreto, solicitan aclaraciones sobre la adjudicación de más de 2,3 millones de euros en 2025 a la Fundación Cuin, así como los criterios empleados, los mecanismos de control y la fiscalización de dichos fondos.
Asimismo, plantean la necesidad de esclarecer posibles vínculos entre entidades gestoras y empresas proveedoras de servicios, defendiendo que la ciudadanía tiene derecho a conocer con exactitud cómo se emplea el dinero público.
En el ámbito político, los organizadores proponen un cambio profundo del modelo actual. Entre sus demandas figura el cierre progresivo de los centros existentes y la apertura de un debate público a nivel nacional sobre las políticas de acogida, incluyendo la posibilidad de convocar un referéndum.
Los vecinos insisten en que la prioridad debe centrarse en garantizar una gestión eficaz de los recursos públicos, reforzar la transparencia institucional y asegurar un equilibrio en la inversión destinada a servicios esenciales.
La concentración prevista en Castro Urdiales pretende, según los convocantes, lanzar un mensaje claro: la ciudadanía reclama explicaciones, control y capacidad de decisión sobre políticas que consideran de gran impacto social y económico.
Los organizadores han advertido de que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas “claras, verificables y públicas” por parte de las administraciones competentes.
