El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 35 millones de euros para reforzar la acogida de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas. De esa cantidad, Cantabria recibirá 236.422 euros.
La medida llega en un momento en el que la inmigración se ha convertido en uno de los principales focos del debate político y social, con una creciente preocupación ciudadana por la presión sobre los servicios públicos, la capacidad de los sistemas de acogida y el aumento de la inseguridad percibida en distintos puntos del país.
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, sostiene que esta financiación demuestra el compromiso del Gobierno con la protección de la infancia migrante y con el sostenimiento de los sistemas autonómicos de acogida, defendiendo que la atención a estos menores responde a obligaciones legales y humanitarias.
Sin embargo, la decisión vuelve a abrir el debate sobre si las comunidades cuentan con recursos suficientes para asumir estas competencias y sobre el modelo de política migratoria impulsado por el Ejecutivo. Diversos sectores reclaman un mayor control de la inmigración irregular y cuestionan que las partidas económicas sean suficientes para afrontar el impacto que supone la acogida.
Del total de fondos, Canarias recibirá 4 millones de euros, Baleares 2 millones, Ceuta 5,5 millones y Melilla 4 millones por la mayor presión migratoria, mientras que el resto se reparte entre las demás comunidades autónomas en función del número de menores acogidos.
Con este reparto, Cantabria contará con 236.422 euros para reforzar su sistema de acogida, una decisión que previsiblemente continuará alimentando el debate sobre la gestión de la inmigración y los recursos destinados por el Estado a las comunidades autónomas.
