El reciente cierre forzoso del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) en la localidad madrileña de Pinto, clausurado por carecer de la licencia de actividad adecuada, ha reactivado las alarmas en Cantabria. Colectivos vecinales de Castro-Urdiales han alzado la voz para exigir máxima transparencia y denunciar el «apagón informativo» que mantiene el Ayuntamiento en torno al inmueble de acogida ubicado en la pedanía de Mioño.
La polémica se remonta al pasado 29 de abril de 2026, cuando una vecina de Mioño registró formalmente un escrito ante el Consistorio castreño exponiendo presuntas irregularidades urbanísticas en el chalé, basándose en resoluciones oficiales y datos publicados en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). En dicho documento se solicitaba examinar la licencia del inmueble, siguiendo las instrucciones de la propia alcaldesa, quien en el pleno del 8 de abril se comprometió públicamente a dar respuesta inmediata a cualquier consulta registrada por escrito.
Un macrocentro encubierto con 20 trabajadores
La preocupación vecinal se agravó tras las declaraciones en Onda Cero del presidente de la Fundación CUIN —entidad gestora del centro—, Pedro Tresgallo, quien confirmó que la vivienda albergará a 18 menores y contará con una plantilla desproporcionada para un entorno residencial: un director, tres educadores, ocho integradores sociales, cuatro mediadores interculturales y cuatro auxiliares. Ante la evidencia de que se trata de un centro de gran actividad y no de una vivienda de uso residencial común, los vecinos ampliaron el expediente solicitando copias íntegras de las autorizaciones urbanísticas, ambientales, de apertura, de cambio de uso y de servicios sociales.
Transcurridos más de dos meses desde los registros, el equipo de gobierno socialista continúa sin ofrecer ninguna respuesta, sembrando la sospecha sobre la legalidad de los permisos de este centro que asume competencias que exceden el planeamiento urbano de la zona.
Decepción generalizada con la oposición municipal
El malestar de los afectados, coordinados bajo las firmas de Vecinos de Castro-Urdiales, Castro Reacciona, Voz Joven y El Pueblo Presente, no se limita al Gobierno local, sino que se extiende a la totalidad de la oposición municipal. Los colectivos denuncian que todos los grupos políticos tienen acceso a esta información y disponen de herramientas de control institucional, pero ninguno ha impulsado hasta la fecha medidas efectivas para fiscalizar el expediente.
«No bastan las fotografías, los vídeos, los comunicados ni el silencio; hacen falta explicaciones, transparencia y resultados», sentencian en un duro comunicado conjunto. Los residentes lamentan tener que asumir en solitario la carga de exigir el cumplimiento de la legalidad frente a la pasividad de los cargos públicos, por lo que exigen la entrega inmediata de la documentación y el esclarecimiento de un proyecto que adolece de la misma falta de licencias que ha provocado la intervención judicial en otros puntos de España.
