Urge un acuerdo para que los afectados por derribos no sean expulsados de sus casas antes de ser indemnizados

El vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, ha urgido un acuerdo con el PP y el PSOE para que los afectados por sentencias de derribo no sean expulsados de sus casas antes de ser indemnizados.
EL portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha urgido un acuerdo con el PP y el PSOE para que los afectados por sentencias de derribo no sean expulsados de sus casas antes de ser indemnizados, lo cual pasa “necesariamente” por la reforma de la legislación estatal en las Cortes Generales.
De la Sierra ha realizado este llamamiento tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la reforma de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo realizada precisamente para garantizar esta cautela en aquellos supuestos en los que existe responsabilidad de la Administración Autonómica.
Aunque ha manifestado su “respeto” a la decisión judicial, el portavoz regionalista ha mostrado su desacuerdo, al entender que “no ha considerado los fundamentos que justificaban jurídicamente” una medida que a su juicio resulta “totalmente justa desde el punto de vista social y de los derechos de los afectados”.
En su opinión, la decisión del Constitucional supone “un paso atrás” en la solución del problema de los derribos y deja como “única salida” la reforma de la legislación nacional, al indicar que esta competencia corresponde al Estado y no a las Comunidades Autónomas.
En consecuencia, ha anunciado que el PRC instará a los diputados y senadores del PP y del PSOE a presentar una iniciativa legislativa con este fin en las Cortes.
En el caso de no prosperar esa vía, el Grupo Regionalista propondrá que sea el Parlamento de Cantabria quien remita la proposición de ley al Congreso, ya que el Estatuto de Autonomía contempla esta posibilidad.
De la Sierra confía en la “receptividad” del PP y el PSOE a esta posibilidad, dada la “inquietud e incertidumbre” que la sentencia del Tribunal Constitucional supone para los afectados por sentencias de derribo.
Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos, especialmente Argoños y Piélagos, para que agilicen la modificación de sus planteamientos urbanísticos en aras a introducir las soluciones acordadas con los afectados.
“Hasta la fecha todo han sido buenas palabras, pero han pasado ya casi dos años de legislatura y la situación sigue siendo la misma que en 2011, porque no se ha hecho nada”, ha concluido.