La regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria llegará al Tribunal Supremo. La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) del pasado 15 de mayo de 2026, que desestimó su impugnación inicial contra el Decreto 50/2025 de ordenación de esta actividad.
Con este recurso, la patronal busca que el alto tribunal fije doctrina sobre el alcance de las regulaciones autonómicas en el sector y determine si es conforme a derecho la aplicación retroactiva de nuevos requisitos a negocios que ya contaban con una declaración responsable. El colectivo argumenta además que el proceso de aprobación del decreto incurrió en defectos formales vulnerando la Directiva europea de Servicios y las leyes estatales vigentes.
AVUTCAN advierte del riesgo para la seguridad jurídica
El presidente de la asociación, Jaime Paino de Pedro, sostiene que el fallo del TSJC sienta un precedente perjudicial para el tejido económico general, al permitir que la administración exija requisitos adicionales a actividades previamente habilitadas bajo apercibimiento de cierre. Según expone el colectivo, las estimaciones del sector calculan que el impacto final del decreto podría dejar fuera de la legalidad a cerca de 4.500 viviendas —casi tres de cada cuatro de las que operaban con anterioridad— y retirar del mercado más de 23.000 plazas de alojamiento, afectando de forma directa a los servicios complementarios del ámbito turístico.
Desde la asociación aclaran que la acción judicial no busca evitar la regulación de la actividad, sino garantizar un marco normativo «claro y proporcionado», manteniendo su disposición al diálogo con el Ejecutivo autonómico para alcanzar una solución acordada.
La Consejería defiende que la norma permite «poner orden»
Las posturas contrapuestas coinciden con la actualización del balance de aplicación de la norma. El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, detalló esta semana que 2.762 viviendas (el 45 % de las 6.145 registradas con anterioridad) no podrán continuar operando por no haber presentado el anexo requerido dentro del plazo fijado.
Asimismo, los datos oficiales reflejan que 1.021 viviendas han completado la tramitación de forma favorable, mientras que otras 2.362 permanecen en proceso de comprobación. Pese a las discrepancias manifestadas por el sector respecto a los plazos y la carga tramitadora con los ayuntamientos, el departamento autonómico defiende que el nuevo marco regulatorio ha cumplido su objetivo de ordenar la oferta turística regional e incrementar el control sobre la actividad.
