Además, estima y manifiesta que no hubo violencia alguna, por lo que no aprecia delito y ordena que se archive la querella, interpuesta por el marido de Soraya por lo que entendió eran amenazas y coacciones en su entorno íntimo.
El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha ordenado elsobreseimiento y archivode las actuaciones contra los ciudadanos que participaron el pasado 5 de abril en un escrache en la casa de la vicepreidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la colonia de Fuente del Berro, cerca del centro de Madrid. Analizando el auto, se compruebas algunos argumentos muy parecidos a los expresados por el Juez de Torrelavega, Pablo Fernández de Vega, en la concentración de Stop Desahucios en las puertas del domicilio del alcalde Calderón.
En todo caso, el contenido del autor judicial del Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Torrelavega era más explícito en cuanto a «la servidumbre de la política y de los políticos» y a lasventajas, como inconvenientes, que tiene el ejercicio de la política, razón por la que deben sorportar las protestas cuando éstas -como la de Torrelavega- se ejercen deforma pacífica y en base a derechos constitucionales.
El magistrado de Madrid estima que los activistas, que se reunieron en torno a la casa y profirieron gritos contra la vicepresidenta, estaban haciendo uso de susderechos de expresión y reunión.
Además, estima y manifiesta queno hubo violencia alguna en el acto, por lo que no aprecia delito y ordena que se archive la querella, interpuesta por el marido de la vicepresidenta por lo que entendió eran amenazas y coacciones en su entorno íntimo.
El juez abrió inicialmentediligencias por estos hechoscontra un total de 27 personas y en sus primeras resoluciones consideraba como al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge como uno de los instigadores de la concentración.
La vicepresidenta se ha enterado de la decisión judicial durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Me ha informado usted, no lo puedo confirmar porque no soy yo la denunciante», ha afirmado. No obstante, ha reiterado querespeta las decisiones judiciales, tanto las que competen al gobierno, como aquellas que le afectan «personalmente».

