Nuevo golpe judicial al corazón de las instituciones del Estado. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación formal de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Ambos mandos comparecerán ante el tribunal en calidad de investigados el próximo 16 de julio por su presunta implicación en la trama conocida como las ‘cloacas’ del PSOE.
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 llega tras asumir el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios racionales de criminalidad en las actuaciones de la cúpula del Instituto Armado. Las sospechas se centran en las reuniones secretas que mantuvieron con la presunta ‘fontanera’ socialista Leire Díez, de las cuales se habrían derivado graves injerencias políticas para controlar, fiscalizar y frenar la labor inspectora de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil que investiga la corrupción del Ejecutivo.
Cargos por prevaricación y organización criminal
Sobre la mesa del juzgado pesan indicios fundamentados de la comisión de varios delitos graves. Mercedes González y Manuel Llamas tendrán que responder por presunta prevaricación, pertenencia o cooperación con organización criminal, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos.
El magistrado investiga si los altos mandos actuaron de forma coordinada con la red dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez, cuyo objetivo prioritario era desactivar y desestabilizar los procedimientos judiciales que acorralan al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. De momento, el magistrado ha descartado citar al predecesor de González, Leonardo Marcos, al estimar que sus conductas no integran de forma indiciaria un tipo penal.
El cerco se extiende a Ferraz
En el mismo auto, el juez Pedraz ha puesto el foco sobre la financiación y el asesoramiento legal de la trama paralela. El instructor ha requerido formalmente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz para que identifique con nombres, apellidos y cargos a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo.
Las pesquisas sitúan a este letrado prestando servicios para el partido entre octubre de 2024 y junio de 2025, precisamente en las fechas clave en las que operaba la red. El magistrado ha advertido al PSOE de que esta diligencia deberá ser cumplimentada mediante un representante legal provisto de poderes especiales, una vez informado de su derecho constitucional a no aportar documentación que resulte incriminatoria para las siglas del partido como persona jurídica, tal y como recoge el código penal. El escándalo institucional arrecia a las puertas de unas declaraciones que prometen sacudir los cimientos de Interior.
