Luz verde definitiva en Andalucía al pacto PP-Vox. Juanma Moreno repetirá como presidente de la Junta con un respaldo de 68 diputados regionales y 41 votos en contra.
Las matemáticas han salido gracias al acuerdo sellado con Vox, bautizado de forma oficial como ‘Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’.
Vox entra en los despachos: vicepresidencia y consejería de peso
Este pacto marca un antes y un después en el mapa político del sur de España. Se trata del quinto Ejecutivo de coalición de la etapa democrática andaluza, pero pasará a los anales de la historia regional por ser el primero en el que la formación de Santiago Abascal gestionará carteras de gobierno directamente.
El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, asumirá un peso pesado en el nuevo organigrama, convirtiéndose en el vicepresidente del Gobierno regional y pilotando una macroconsejería encargada de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
El reparto de poder no se queda ahí. El documento, que despliega un programa conjunto con un total de 150 puntos, garantiza para la formación derechista la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento autonómico.
Además, en el reparto de escaños en Madrid, los ‘populares’ cederán a sus nuevos socios uno de los 5 senadores por designación autonómica que les correspondían tras el último veredicto de las urnas.
«Prioridad nacional», veto al burka y otras nuevas políticas
El contenido del acuerdo dibuja un cambio de rumbo radical en las políticas andaluzas, plantando cara de forma abierta a las directrices de la Moncloa.
En el bloque de inmigración y orden público, el nuevo Gabinete exhibe un rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez. La Junta aplicará a rajatabla el principio de «prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas», un blindaje que afectará también a las listas de acceso a la vivienda protegida.
Siguiendo esta línea de mano dura, el Ejecutivo andaluz presionará a Madrid para endurecer la legislación española adaptándola al nuevo reglamento europeo de retornos y prohibirá por ley el uso de prendas como el burka y el nikab en cualquier espacio público.
En el plano de la vivienda, se rompen puentes con los planes estatales para centrarse en elevar el stock inmobiliario frente a una crisis que asfixia a los jóvenes. Las medidas estrella en esta materia incluyen la activación inmediata del desahucio exprés y el veto a que los okupas puedan beneficiarse de pisos de protección pública.
La educación tampoco se librará de la cirugía estética de la coalición. El pacto sella la concertación progresiva del bachillerato y decreta el carpetazo definitivo al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la comunidad. A cambio, los nuevos temarios escolares darán cobijo obligatorio a la historia del terrorismo en España.
Blindaje oncológico, tijeretazo a sindicatos y Ley de Concordia
El ámbito sanitario esquiva las rebajas presupuestarias con un compromiso por escrito: las cuentas de la sanidad pública crecerán de forma acompasada con el presupuesto global de la comunidad. El plan de choque andaluz arrancará con una auditoría integral para meter el bisturí a las listas de espera, abriendo la puerta a una colaboración público-privada sometida a estrictos criterios de transparencia.
En el apartado clínico, se potenciarán los cribados y se creará un circuito de atención preferente y urgente ante cualquier sospecha fundada de tumores de mama, colon, pulmón, próstata y de tipo ginecológico.
Para cerrar el círculo, las cuentas de los agentes sociales van a sufrir un severo régimen de adelgazamiento. El Ejecutivo andaluz meterá la tijera a las subvenciones destinadas a sindicatos, patronales y cualquier entidad privada que carezca de una utilidad pública demostrada.
Por último, en el plano ideológico, PP y Vox enterrarán la actual legislación autonómica de memoria histórica para sustituirla por una nueva Ley de Concordia.
