El encuentro ha tenido lugar esta mañana en Argoños y ha contado con la presencia del alcalde, Juan José Barruetabeña, y de su homólogo en Arnuero, José Manuel Igual
Gochicoa se reúne con los vecinos afectados por sentencias de derribo. (Foto: Nacho Romero).
Santander – 11.09.2021
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, en representación del Gobierno de Cantabria, ha mantenido una reunión esta mañana con todos los vecinos afectados por sentencias de derribo de los Ayuntamientos de Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero, a quienes ha informado personalmente de los avances realizados en cada municipio.
El encuentro ha tenido lugar en la pista polideportiva de Argoños y ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Javier Gómez Blanco, y de los alcaldes de Argoños y de Arnuero, Juan José Barruetabeña, y José Manuel Igual, respectivamente y al que estaban también invitados todos los ediles de los municipios afectados.
Allí, el consejero ha subrayado el “esfuerzo y trabajo” llevado a cabo por todo el equipo de la Consejería que ha permitido avanzar de forma “muy importante” en todos los ayuntamientos sobre los que pesan sentencias derribo.
Situación municipal
En este sentido, José Luis Gochicoa ha hecho un repaso pormenorizado de cada uno de los ayuntamientos concretando que, en el caso de Arnuero, ya hay 54 vecinos que han aceptado la vivienda de sustitución, de los 62 inmuebles programados cuyas obras se licitarán próximamente.
En relación con Argoños, ha resaltado que “somos moderadamente optimistas en cuanto al tipo de solución”. En estos momentos, el Ayuntamiento ya dispone del informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) sobre el Plan General de Ordenación Urbana y está trabajando en ello de forma “intensa” con la colaboración de dos personas de la Dirección General de Urbanismo que están en “permanente contacto” para comprobar que las modificaciones se realizan conforme a las directrices fijadas por la CROTU. El objetivo es, según ha dicho, analizar qué viviendas hay que derribar y cuales se pueden legalizar para, conforme a ese análisis, intervenir de la mejor manera posible.
Actualmente, según ha explicado el consejero, “sabemos con certeza que viviendas tendrán que ser derribadas en ayuntamientos como Piélagos o Argoños por diferentes motivos entre los que se encuentran informes de costas o de impacto paisajístico”, de ahí que “ya se está procediendo la valoración de las viviendas y ofreciendo la indemnización correspondiente a los vecinos afectados” que ha dado lugar a poder contar “casos concretos” en los que se ha dado el visto bueno al precio y se procederá al pago “probablemente el próximo mes”, un plazo que dependerá del procedimiento administrativo, ha concretado.
Por otro lado, y en relación con el Ayuntamiento de Escalante, ha comunicado que la Consejería tiene claro que “si o si hay que derribar” y ya se ha llevado a cabo también la tasación correspondiente para ofrecer la cuantía económica a los propietarios de los que, algunos han aceptado y por lo tanto se seguirá el procedimiento anterior, mientras que el resto contarán con una vivienda de sustitución una vez que se adquiera el terreno para edificar los inmuebles. La solución, a juicio de Gochicoa, “como mínimo va estar encaminada porque todo el mundo va a saber su situación de aquí a unos meses”.
Finalmente, y en relación con Piélagos, el consejero ha resaltado la complejidad de un municipio que depende de muchos informes sectores y de diferente ámbito como costas o paisajístico y actualmente el Gobierno de Cantabria está pendiente de que se realicen los cambios necesarios para adaptarse a la memoria ambiental para su aprobación provisional y que el documento pueda ser elevado a la CROTU para su estudio y aprobación.
Finalmente, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha insistido en la necesidad de dar una solución definitiva a los vecinos afectados por sentencias de derribo tras más de dos décadas de conflictos.
