La nueva ley de Costas podría evitar el derribo de viviendas como las de Cerrias en Liencres

La filosofía de los cambios impuestos van en la línea de resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la ley de Costas de 1988, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano.
La reforma de laley de Costas,cuyo anteproyecto se tramita en elSenadoy podría aprobarse en el pleno del 23 de abril, reducirá elárea de protecciónde la costa de 100 a 20 metros en aquellas «zonas con edificación consolidada», lo que pemitirálegalizar miles de viviendasirregulares. En Cantabria esta ley podía afectar a varias urbanizaciones, entre ellas la de Cerrias en Liencres, municipio de Piélagos, cuyos propietarios han estado en la cabeza de las protestas contra el derribo de sus viviendas. Esta urbanización que fue levantada en suelo urbano, sin que la afectara la ley de Costas, se vio más tarde afectada al incrementarse la franja de protección, de ahí que sus propietarios se cargaran de razones en señalar que todo el expediente de licencia para construir Cerrias era legal y ajustada a la ley vigente cuando se concedió la licencia. Sin embargo, apenas iniciada su construcción, el Gobierno entonces del PSOE presidido por Zapatero, impuso una protección mayor que afectó a esta urbanización-
En el caso de Cerrias, además,se produce el siguiente hecho: existe un aparcamiento más próximo a la costa que en su día fue la propia Jefatura de Costas la que autorizó su urbanización, es decir, que como las viviendas era legal su construcción. Si, finalmente, ganan los vecinos de Cerrias entendemos que habrá ganado el sentido común y sus propietarios que realizaron en su día una compra de vivieda totalmente legal, pasarán a vivir en tranquilidad y sin los sobresaltos de los últimos años. Sin duda, la perseverancia de los vecinos les ha permitido mantener Cerrias en pie, más si tenemos en cuenta que el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, señor Fernández, siempre se mostró partidario de su demolición en una actitud difícilmente comprensible viniendo de un alto cargo del PP.
La filosofía de los cambios impuestos porla mayoría del PPvan en la línea, según Ramos, de resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a laley de Costas de 1988,que no tenían entonces la calificación de suelo urbano. Medio Ambiente defiende que el cambio responde a lasreclamaciones de Canarias, Galicia y de numerosos propietarios extranjerosque compraron viviendas en estas zonas. Losgrupos ecologistasacusan al Gobierno de «legalizar los desmanesurbanísticos acaecidos durante los años de burbuja inmobiliaria». Greenpeace considera que el PP rebaja la protección de la costa parafavorecer su privatización.