La Audiencia deja abierta una posible imputación por delito fiscal y blanqueo de dinero

Varios diarios nacionales coindicen en señalar que los magistrados no descartan «un posible delito fiscal» de la Infanta Cristina. La Casa del Rey dice que respeta la decisión judicial.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dejó ayer en suspenso la imputación de la Infanta Cristina y deja sin efecto su citación para declarar ante el juez José Castro por su supuesta cooperación o complicidad con las actividades «presuntamente delictivas» del Instituto Nóos, si bien abre la vía para imputarla por delito «contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales». La Audiencia le dice al juez Castro que pida aclaraciones a la Agencia Tributaria sobre la participación de la Infanta en los beneficios conseguidos por Aizóon. Los jueces consideran que la Infanta debería «saber o conocer» que Aizóon era «una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda», y apuntan que al tener el 50% del capital social «podría estar en condiciones de impedir la defraudación a la hora de presentar las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los años 2006, 2007 y 2008».
La decisión de suspender la imputación de la Infanta Cristina se adoptó por mayoría de dos jueces frente a uno. Los indicios que señalaba el juez Castro en su auto de imputación se consideran débiles, inconsistentes y equívocos, con datos «indirectos», y la Audiencia apunta que «no existen indicios» de que «conociera, concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio».
El tribunal considera que la Infanta no participó ni redactó los convenios de colaboración de Nóos con los Gobiernos valenciano y balear y, aunque conoció los contratos, «no hay indicios» para concluir que albergase la creencia de que pudieran ser considerados delictivos. Asimismo, los magistrados tampoco ven consecuencias penales en un correo electrónico donde su marido, Iñaki Urdangarin, cuenta a su exsocio Diego Torres que la Infanta le ha explicado las gestiones que el Rey estaba haciendo a favor de sus negocios.
Por otro lado, la Audiencia de Palma emplaza al juez Castro a que ponga un plazo improrrogable a Diego Torres para que aporte los correos electrónicos que convenga a su defensa.
El magistrado Juan Jiménez Vidal apunta en su voto particular que «nos e puede confundir la resolución con la propia imputación» y «no se puede pretender que la convocatoria a declarar ante el magistrado instructor contenga la determinación de los hechos que se le imputan».- Jiménez Vidal señala que de los correos de Torres y la declaración de Luis Carlos García Revenga provocan que «surjan dudas de que Doña Cristina desconociera la utilización que se estaba haciendo de su condición de Alteza real por el Instituto Nóos y acerca de su participación en el 50% de la mercantil Aizoon».
La Casa del Rey no comentó el auto de la Audiencia de Palma y se limitó a manifestar su «máximo respeto por las decisiones judiciales». La Infanta Elena, preguntada por la suspensión de la imputación de su hermana, se limitó a expresar su alegría. El letrado de la Infanta, Miquel Roca i Juvent, mostró su «satisfacción» por la decisión. «Lo que toca ahora es dejar que la Justicia trabaje desde la independencia y con la libertad que le caracteriza y haga lo que estime más conveniente», añadió. El abogado de Iñaki Urdangarin, Pascual Vives, también se mostró satisfecho con la decisión de la Audiencia y descartó que el Rey hubiera influido en la decisión.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, tildó de «magnifica noticia» la decisión de la Audiencia de Palma de suspender la imputación de la Infanta Cristina porque «es una Infanta de España».
Desde el PSOE, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, dijo que su partido respeta la decisión judicial «de la misma manera» que en su día respetó la decisión del juez Castro de imputar a la Infanta.
Ricardo Sixto, de IU, consideró que si la Infanta «no fuera hija del Jefe del Estado, seguramente ni la Fiscalía General del Estado ni la Abogacía del Estado habrían actuado como han actuado». Para Rosa Díez, de UPyD, es «completamente inaceptable» que la Audiencia haya suspendido la imputación de la Infanta y añadió que «no hay ni un ciudadano que pueda pensar que no se le ha dado un trato privilegiado».
Todos los diarios llevan hoy a sus primeras la decisión de la Audiencia de Palma de suspender la imputación de la Infanta Cristina. «La Infanta evita por ahora la imputación», titulaEL PAÍS, que en un subtítulo destaca que se abre la puerta a su imputación en un delito fiscal. «Desimputan a la Infanta pero ven en ella posible delito fiscal», titulaEL MUNDO.LA VANGUARDIAapunta que queda «anulada la imputación de la Infanta sin descartar un posible delito fiscal», mientras queEL PERIÓDICOtitula con un «Salvada», aunque en el subtítulo recuerda que se investiga el delito fiscal. «La Audiencia desimputa a la Infanta, pero ordena una investigación fiscal», titulaLA GACETA. «La Infanta no tendrá que declarar», es el titular de primera deABC,mientras queLA RAZÓNseñala que la Infanta Cristina «ya no está imputada».
EL PAÍS 1, 10-13/EL MUNDO 1, 4-6/ABC 1, 16-19/LA VANGUARDIA 1, 10, 11/EL PERIÓDICO 1, 2-4/LA RAZÓN 1, 10-13/LA GACETA 1, 7
LA NOTICIA DE LA SUSPENSIÓN
La Audiencia de Palma ha dejado sin efecto en un auto la citación como imputada en el caso de Nóos de lainfanta Cristinaal estimar parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez instructor, José Castro. Además de dejar sin efecto su citación en relación con la posible participación de la infanta en las actividades presuntamente delictivas del Instituto Nóos, el tribunal suspende en el auto la imputación respecto del «posible delito contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales» y la condiciona a que se aporte más información a la causa.
La Sala pide al juez Castro que solicite a la Agencia Tributaria, por escrito o mediante comparecencia de los autores del informe que llevó a la imputación del delito fiscal a lainfanta Cristina, que aclare «las incertidumbres y dudas» que suscita, que dé audiencia a las partes y que decida si mantiene o no las imputaciones por delitos fiscal y «si por ello procede citar en calidad de imputada a la infanta».
Insta además al instructor a que requiera a la defensa de Diego Torres que aporte aquellos correos electrónicos que pretenda utilizar «en su defensa y en perjuicio de otros imputados», en un plazo determinado e improrrogable, con la advertencia de que transcurrido ese plazo no se le admitirá la entrega de más e-mails.
Una vez examinados, el juez Castro «deberá pronunciarse definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación respecto de lainfanta Cristina», en cuanto a su participación en las actividades relacionadas con el Instituto Nóos. El tribunal reitera que las indagaciones sobre un posible delito fiscal «no están conclusas y se hallan todavía sometidas a investigación y de las mismas podrían derivarse indicios de delito respecto de la infanta». Señala la sección segunda además que, a partir del auto, se interrumpe la prescripción de esos posibles delitos.
El auto dictado hoy, de 44 páginas, incluye además un voto particular del magistrado Juan Jiménez, de 10 páginas adicionales más, en las que disiente «respetuosamente» de sus compañeros del tribunal. El juez Jiménez se pronuncia a favor de la declaración como imputada de lainfanta Cristina, por considerar que los indicios resultantes de la investigación pudieran constituir un supuesto de cooperación necesaria o complicidad en relación a los delitos supuestamente cometidos porUrdangariny Torres.
Señala que la decisión del mismo tribunal de rechazar la imputación de la infanta, pronunciada en julio de 2012, fue «puramente circunstancial» y se ciñó a cómo estaba la investigación en aquel momento, y «la situación ha cambiado notablemente».
El magistrado discrepante considera que el rechazo de la Fiscalía Anticorrupción a los indicios incriminatorios que apunta el juez Castro, realizado uno por uno en su auto de apelación, es «una visión excesivamente individualizada de los elementos indiciarios enumerados» y no una «visión de conjunto». Subraya que es el juez y no el fiscal el adecuado para valorar si concurren los elementos necesarios para determinar la procedencia de la declaración