El PSC-PSOE y el PRC reiteran su apoyo a la huelga del 9 de mayo

Los socialistas denuncian que la LOMCE «subordina la escuela pública a la privada, desconfía del profesorado. Los regionalistas abogan por un pacto de Estado para “salvaguardar” el sistema educativo
El PSC-PSOE ha criticado hoy el «cinismo» del consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Serna, porque mientras intenta desacreditar la huelga educativa «apoya una ley antidemocrática y ultraconservadora», que es una contrarreforma y que «no tiene ningún apoyo por ningún sector de la comunidad educativa».
El PSOE denuncia que «la LOMCE supone un ataque a la igualdad de oportunidades; cercena la equidad; desconfía del profesorado y de los centros; subordina la escuela pública a la privada; apuesta por una educación confesional en un estado aconfesional; es sexista y segregadora y recentralizadora porque quita competencias las comunidades autónomas», tal y como aseguró la secretaria general, Eva Díaz Tezanos, en el Parlamento de Cantabria en una proposición no de ley que pedía la retirada de la LOMCE.
Por ello, los socialistas, tal y como ya habían anunciado, han reiterado a través de un comunicado su apoyo a la comunidad educativa y a la huelga que se celebrará este jueves 9 de mayo.
En este sentido, el PSC-PSOE exige tanto a Mariano Rajoy como al Gobierno de Cantabria que «respeten e incorporen» el dictamen del Consejo de Estado que, según han subrayado, «representa un varapalo y una auténtica enmienda a la totalidad a la LOMCE».
Dicho informe critica la pérdida de la participación de la comunidad educativa; pide que Educación para la Ciudadanía sea obligatoria, como en otros países europeos; censura las subvenciones a los centros que segregan por sexo y pide medidas a favor de la igualdad; defiende que los exámenes externos no deben realizarlos empresas privadas y profesores contratados sino los funcionarios que dan las clases a los largo del curso; cuestiona que la LOMCE no vaya acompañado de una memoria económica que asegure su financiación y reclama un pacto social que dé estabilidad al sistema educativo, porque «esta ley solo es defendida por el ministro de educación y el consejero Serna y no tiene apoyo en ningún sector de la comunidad educativa».
Dirigentes del PRC, encabezados por el vicesecretario general, Rafael de la Sierra, y los diputados Fernando Fernández y Teresa Noceda, participarán en la manifestación prevista para este jueves en Santander, para evidenciar su rechazo tanto a la nueva ley como a los recortes “incesantes” que está sufriendo la educación pública desde la llegada del PP a los gobiernos regional y nacional.
Aunque consideran necesaria una reforma, los regionalistas creen “imprescindible” realizarla en el marco de un pacto de Estado, con el fin de “salvaguardar” al sistema educativo de “los avatares políticos coyunturales” y evitar la dependencia de “los criterios ideológicos del gobierno de turno”.
“Una auténtica política de Estado en esta materia es clave para el futuro de nuestro país”, han subrayado.
En este sentido, el PRC ha señalado que la LOMCE está diseñada desde una ideología “profundamente conservadora” y atendiendo a criterios “estrictamente economicistas”, con una apuesta “descarada” por la escuela privada y confesional.
Entre los cambios que considera más “dañinos” para el sistema público, destaca la potenciación de la evaluación como medida del éxito y el fracaso educativo, ya que aumentará el “abandono escolar”, y la eliminación de la atención compensatoria y la atención a la diversidad, que acabará con “la solidaridad que ha existido hasta ahora en el sistema al atender las necesidades educativas especiales”.
También rechaza el adelanto de la edad para la elección de los itinerarios de los 16 a los 14 años y la segregación por sexos en centros concertados, que la nueva ley ampara después de que el Tribunal Constitucional fallara en contra de destinar recursos públicos a los colegios que la practican.
El Partido Regionalista cuestiona además las medidas previstas para regular la organización y la participación en los centros educativos, porque incitan a “la competencia y condenarán a los colegios con mayor número de alumnos difíciles al vagón de cola, con lo que se convertirán en meros centros de servicio social”.
En definitiva, opina que esta nueva ley “reforzará” la política de recortes que ya está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria, con medidas como el abandono de las escuelas rurales, la reducción de las aulas de dos años y la merma de los presupuestos educativos en casi un 36 por ciento en apenas dos años, con la consiguiente eliminación de becas para compra de libros de texto o servicios de comedor.
“Estamos asistiendo a un deterioro continuo de la calidad en la educación pública cuando en tiempos de crisis lo que hace falta es un esfuerzo cuantitativo y cualitativo para que la educación siga siendo un factor de cohesión social y garantía de una sociedad con unos niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad”, ha concluido.