El Congreso ha tumbado las enmiendas a la totalidad de ERC y Junts, que han apoyado Bildu y el PNV
El escándalo del presunto espionaje con Pegasus ha escenificado laruptura entre el Gobierno y sus socios habitualeseste jueves en el Congreso, durante la votación de la reforma de laLey de Seguridad Nacional. ERC y Junts han presentado sendas enmiendas a la totalidad, que han sido apoyadas por EH Bildu y el PNV, pero los votos en contra del PP, Vox y Cs han permitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez superar el primer escollo parlamentario.
La propuesta del Gobierno para la Ley de Seguridad Nacional continuará su tramitación parlamentaria gracias alapoyo de las formaciones de derecha y extrema derecha.El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos se ha enfrentado al cambio de posición de sus socios habituales, que ya avisaron de que su respaldo quedaba en el aire tras el estallido del escándalo del espionaje a líderes independentistas.
La modificación de laLey de Seguridad Nacional ha superado su primer examen parlamentario, tras ser rechazadas por el Congreso las dos enmiendas a la totalidad de ERC y Junts, que han sido apoyadas por EH Bildu y el PNV. Las formaciones independentistas han alegado que la ley del Gobierno propicia una centralización que choca con el sistema autonómico de distribución de competencias.»Estamos en contra de la Ley de Seguridad Nacional por nuestra propia seguridad nacional. El Gobierno ha comprado el marco mental e ideológico de la derecha tanto en el discurso del miedo como en nacionalismo español. Es una ley que otorga a la presidencia del Gobierno y al CNI facultades exorbitantes ya que con carácter arbitrario y discreccional pueden absorver y centralizar todos los medios materiales y personales de las comunidades. En el caso de Cataluña invaden una decena de artículos de nuestro estatut.Las leyes de seguridad nacional españolas son un 155 encubierto», ha denunciado la diputada de ERC,Montse Bassa.Por su parte, elPP, Vox y Cs han confirmado su respaldo a la iniciativa aunque han advertido al Ejecutivo de que no será un «cheque en blanco».El ministro de la Presidencia,Félix Bolañosha defendido que «el Estado aprende de las crisisy es labor de un gobierno responsable trasladar ese aprendizaje a las leyes para mejorarlas y dejar un país mejor preparado».»La pandemia ha demostrado lanecesidad de garantizar el suministro de recursos esenciales también en situaciones excepcionales.La propuesta de reforma incluye un apartado dedicado a la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial», ha señalado.
La iniciativa tiene por objeto regular yorganizar la contribución de recursos a la Seguridad Nacional de las diferentes administraciones públicas y de las comunidadesautónomas. Para ello, modifica los artículos 10 y 20.1, y amplía el Título IV de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional dedicado a la contribución de recursos a la Seguridad Nacional, que pasa de estar dividido en tres artículos a contar con cuatro capítulos.El primer capítulo se centra en la organización de la contribución de recursos queincorpora la Red de comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno, como mecanismo de apoyo del Sistema de Seguridad Nacional. El segundo capítulo aborda la regulación de la preparación de la contribución de recursos y en él se prevén, como instrumentos de planificación, por un lado, el Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional, que habrá de integrar los catálogos sectoriales elaborados por los departamentos ministeriales, los autonómicos y los del resto del sector público; y, por otro, los planes de preparación y disposición de recursos para la Seguridad Nacional.El capítulo III, que lleva por rúbrica «De la disposición de la contribución de recursos»,prevé la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nacional,tras haber detectado un escenario que pudiera derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional,pueda adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos de aplicaciónpuedan ejecutarse lo más rápidamente posible.El cuarto capítulo tiene por objeto laregulación de una reserva estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción industrialenfocada en el suministro de recursos esenciales.Una vez rechazadas todas las enmiendas a la totalidad que los grupos han presentado,la iniciativa del Gobierno continuará su tramitación en ponencia, comisión y Pleno. Una vez haya finalizado el plazo de presentación de enmiendas al articulado y, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Congreso, la Comisión Constitucional nombrará una ponencia que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas, redactará un informe que será elevado al Pleno del Congreso, para una votación final, antes de ser remitido al Senado.
PRESIÓN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
Más allá de condenar el escándalo, y situarlo como una práctica ilegal y antidemocrática que ha afectado a diputados y a la ciudadanía catalana que defiende el proyecto independentista, el texto también ha hecho otras exigencias. Así, ha reclamado al Gobierno la «máxima información y transparencia», una comisión de investigación pública en el Congreso de los Diputados (si bién esta propuesta ya fue rechazada hace unas semanas conel voto del PSOE), y que se asuman las responsabilidades políticas necesarias (un sinónimo de dimisiones). De hecho, la moción utiliza esta misma palabra en referencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien remarcan la necesidad de que abandone su cargo después dereconocer y justificarel espionaje a los independentistas.
