Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno central ha vuelto a poner en la diana el patrimonio y la historia de Cantabria. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido una resolución al Ayuntamiento de Santoña en la que exige la retirada del monumento dedicado al almirante y exdirigente santoñés Luis Carrero Blanco en un plazo máximo de seis meses.
La injerencia del Ejecutivo central choca frontalmente con el sentir de la amplia mayoría de los vecinos de Santoña y con la postura de la Cámara autonómica. El Parlamento de Cantabria —con el respaldo mayoritario de PP, VOX y PRC— impulsó la declaración de la estructura como Bien de Interés Cultural (BIC) para garantizar su conservación intacta en la villa costera, salvaguardando la memoria de quien fuera hijo predilecto del municipio.
Ofensiva de los colectivos memorialistas contra la identidad local
La resolución del Ministerio —que carece de valor jurídico firme— responde a la denuncia interpuesta en 2025 ante la Fiscalía por asociaciones afines a la izquierda como AGE, Colectivo Memoria de Laredo, Desmemoriados y Héroes de la República y la Libertad. Estas entidades han celebrado con entusiasmo la orden de Madrid, exigiendo el desguace o el confinamiento de las esculturas en dependencias públicas ocultas a la vista del pueblo.
Para justificar la orden de derribo, el departamento gubernamental argumenta en su escrito la supuesta ausencia de «razones artísticas suficientes» que avalen su protección BIC, en un burdo intento por desmontar el blindaje patrimonial promovido por las instituciones cántabras.
División municipal: defensa del patrimonio frente al rodillo ideológico
El requerimiento enviado desde la capital ha reavivado el debate en el Ayuntamiento santoñés. El edil de VOX, Salvador Sarabia, ha reiterado su oposición frontal a cualquier intento de demolición o alteración del monumento, destacando su indiscutible valor arquitectónico y su significación histórica hacia un vecino ilustre de Santoña, exigiendo que se tramite al menos su protección como Bien de Interés Local.
En el polo opuesto, la portavoz del PSOE local, Carmen González, se ha alineado con las tesis del Gobierno central exigiendo el acatamiento de la norma y abriendo la puerta a la remodelación del espacio. Santoña afronta ahora un horizonte de seis meses de batalla administrativa en los que el Consistorio y la región deberán decidir si frenan el diktat de Madrid en defensa del patrimonio y la voluntad popular de la villa.
