El juez imputa a Medina alzamiento de bienes por esconder la comisión del pelotazo

Por esa operación ambos se embolsaron 6 millones de euros en comisiones y se les investigaba por un delito de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El juezAdolfo Carreteroha ampliado la lista de delitos que le atribuye a Luis Medina y le añade también el dealzamiento de bienesatendiendo a la petición delGrupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, personado como acusación popular en el caso de los contratos para material sanitario suscrito durante la pandemia por el Consistorio con una empresa de Malasia a través de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Por esa operación ambos se embolsaron 6 millones de euros en comisiones y se les investigaba por un delito de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Según el magistrado, ha quedado acreditado que el empresariorealizó diversas transaccionescon el millón de euros que recibió y lo hizodespués de declararen la sede de anticorrupciónen abril de 2021. Le impone, además, unafianza por responsabilidad civilde cerca de 900.000 euros que tendrá que depositar en el plazo máximo de tres días.
Además, envía un oficio al juzgado de Sevilla que tramita laherencia de la abueladel aristócrata para conocer en qué estado está el proceso y asegurar la parte que pudiera corresponder a Medina.
El juzgado ha abierto unainvestigación patrimonialde sus bienes tanto en España como en el exterior en vista de que no ha sido posible encontrar los bienes suficientes para hacer frente a la fianza que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Solo se ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros de valor y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civiles de los presuntos delitos investigados, que ascienden a 1.216.984,33 euros en el caso de Medina.
Además, el juez haordenado el embargo de un piso propiedad de Alberto Luceño ubicado en Pozuelo de Alarcón.Esta propiedad junto al dinero que le han bloqueado en sus cuentas no es suficiente para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la Fiscalía y que supera los 5 millones de euros.