GALLARDÓN ha subrayado que una vez que el Constitucional ha establecido cuál es su criterio, todos los poderes del Estado, incluida la Generalitat, tienen que estar «lealmente y responsablemente» a lo que ha dicho el alto tribunal.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, manifestó ayer que la declaración aprobada en enero por la Cámara autonómica y que el Constitucional ha suspendido temporalmente sigue «vigente» al tratarse de una resolución «política» sin «efectos jurídicos», y expresó su confianza en la «objetividad» del Tribunal de cara a la resolución final. De Gispert argumentó que la declaración «no supone ni la independencia ni la creación de un Estado propio, sino que declara la soberanía del pueblo catalán para hacer una consulta». Asimismo, anunció que los abogados del Parlament ya preparan las alegaciones que presentarán ante el Constitucional contra la suspensión temporal de la declaración.
De Gispert realizó estas manifestaciones tras la reunión extraordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlament para tratar sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC). En línea con lo expresado por la presidenta del Parlament, los partidos firmantes de la declaración (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) insistieron en que el proceso para convocar una consulta debe seguir su curso.
En cambio, el portavoz del PSC, Maurici Lucena, consideró una «frivolidad jurídica» que la presidenta del Parlament contradiga la suspensión del Constitucional. Un gesto, en su opinión, «muy grave» que demuestra la voluntad de CiU y ERC por ir «directamente hacia el choque de trenes». El PSC defiende que se debe respetar la suspensión del Constitucional y «centrarse» en la declaración aprobada posteriormente, que no está impugnada.
Por su parte, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, acusó al Govern de «falta de sentido democrático» por soslayar con su «deriva independentista» que el Estatut y el Parlament deben actuar bajo el «marco de la Constitución». El PPC y Ciutadans han pedido que la comisión de estudio por el derecho a decidir no se constituya hasta conocer la decisión del TC.
ABCtitula en su primera: «El Parlamento catalán, contra la ley».LA GACETAhabla de desafío, mientras queEL PERIÓDICOve al Parlament en estado de «shock» tras la decisión del Constitucional.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a la Generalitat de que debe «respetar» la decisión del Constitucional, porque «nadie» está por encima de la ley. La vicepresidenta indicó que, del mismo modo que el Gobierno respeta las decisiones del TC cuando no les da la razón a lo que plantean, «el resto de las instituciones del Estado tiene que hacerlo» también.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pidió a la Generalitat «una reflexión» porque, según dijo, no hay «discurso político» que pueda enfrentarse al Estado de Derecho. Una vez que el TC «ha hablado», añadió el titular de Justicia, «todos los poderes del Estado» tienen que estar «lealmente» y «responsablemente» a lo que haya dicho el Alto Tribunal.
Elconsellerde Presidencia, Francesc Homs, calificó de «grave» la suspensión de la declaración de soberanía por parte del Constitucional, signo, en su opinión, de que la democracia en España «se tambalea», por lo que confió en el «amparo» europeo ante las aspiraciones catalanas. «Esperamos, deseamos y estamos convencidos que el marco europeo es y será la garantía democrática que a veces no sabes encontrar en otros ámbitos», dijo Homs. El portavoz de la Generalitat añadió: «En el contexto europeo, en cuántos países un tribunal suspende una declaración puramente política, no una ley por conflicto de competencias».
EL MUNDOinterpreta que con estas declaraciones «Orwell vuelve a Cataluña». Según este diario, la denuncia de Homs a la UE es por el «riesgo de que en España se cumpla la Constitución».
Mientras, el líder del PSC, Pere Navarro, dijo ayer que ve al presidente catalán, Artur Mas, «derrotado», sin margen de maniobra para luchar contra la crisis, y le pidió «menos testosterona» para dialogar y abordar los problemas de los catalanes.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, afirmó ayer que cada vez España es un mercado «más pequeño» para Cataluña ya que esta comunidad vende más bienes al extranjero. Durante la inauguración del Renaissance Fira Hotel, Mas afirmó que el proceso de internacionalización de la economía catalana va «en la buena dirección».
Mas coincidirá hoy en Barcelona con el presidente del Gobierno , Mariano Rajoy, en un acto con motivo del Salón Internacional del Automóvil.LA RAZÓNdestaca que «Mas aparcará hoy el soberanismo para pedir más dinero a Rajoy». Además, este diario apunta que «losbaronesdel PP piden a Hacienda que se corte todo el gasto soberanista».
EL PAÍS 18/EL MUNDO 1,4,5/ABC 1,16,17/LA VANGUARDIA 1,13-16/EL PERIÓDICO 1,18-20/LA RAZÓN 20-23/LA GACETA 8,9/AGENCIAS
DECLARACIONES DE LA VICEPRESIDENTA
La vicepresidenta delGobierno, SorayaSaénz de Santamaría, ha advertido a la Generalitat -según ha difundido la Cadena Ser, de que debe «respetar» la decisión delTribunal Constitucionalde suspender la declaración soberanista del Parlamento catalán porque, ha añadido, «nadie» está por encima de la Constitución y la ley. «Lo que debía hacer el Gobierno ya lo hemos hecho, que es respetar las instituciones y acudir a las instituciones para defender laConstitución, y lo que quiero recordar es que todos, especialmente los que tenemos unaresponsabilidadque nos la da la propia Constitución, lo que tenemos que hacer es respetarla», ha asegurado. Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en los pasillos del Congreso al ser preguntada qué piensa hacer el Ejecutivo si, a pesar de la decisión del TC, la Generalitat sigue adelante con sus planes soberanistas.
La vicepresidenta ha indicado que, del mismo modo que el Gobierno respeta las decisiones del Tribunal Constitucional cuando no les da la razón a lo que plantean, «el resto de las instituciones del Estado tienen que hacerlo» también. «Nadie está por encima de la Constitución y de las leyes». «Nadie», ha recalcado.
Por su parte, el ministro deJusticia,Alberto Ruiz-Gallardón, ha pedido este jueves a laGeneralitat»una reflexión» porque, según ha dicho, no hay «discurso político» que pueda enfrentarse al Estado de derecho.
Gallardón ha subrayado que una vez que el Constitucional ha establecido cuál es su criterio, todos los poderes del Estado, tanto el Gobierno de España como la Generalitat, tienen que estar «lealmenteyresponsablemente» a lo que ha dicho el alto tribunal.
«Creo que es el momento de que hagamos todos una reflexión desde la serenidad de que no hay discurso político que pueda enfrentarse a lo que establece un Estado de derecho», ha afirmado el titular de Justicia.
En este sentido, ha insistido en que, una vez que ha hablado el Tribunal Constitucional marcando unos plazos a los efectos de tomar una decisión sobre la validez de la norma impugnada, todos deben acatar la resolución, «que está por encima de la capacidad política» que tiene ningún poder ejecutivo en España.
Al ser preguntado después si el Gobierno podría tomar alguna iniciativa después de que el Parlament haya decidido crear una comisión del derecho a decidir, el ministro de Justicia no ha ofrecido ninguna respuesta sobre este extremo.
DECISIÓN DEL TC
ElTribunal Constitucional(TC) ha aceptado el recurso contra ladeclaración soberanistadelParlamentode Cataluña y ha suspendido su aplicación. De esta forma, el Alto Tribunal ha atendido la impugnación del Gobierno central contra el acuerdo del Parlamento catalán del pasado 23 de enero, en el que defendía que Cataluña es «sujeto jurídico y político soberano», y si lo hasuspendidoprovisionalmente. Se trata de la primera vez en democracia que el TC suspende una declaración parlamentaria sin valor jurídico
La impugnación del Gobierno central implica la suspensión temporal de dicho acuerdo durante cinco meses en tanto no decida el Alto Tribunal sobre el fondo del asunto.
Es la primera vez en democracia que el TC suspende un acuerdo de un parlamento autonómico, pues aunque el precedente más cercano es lo sucedido con el Plan Ibarretxe, la situación no es la misma.El TC consultó hace dias al Parlamento para que aclarase cuál de los dos acuerdos por el derecho a decidir que adoptó en los últimos meses, el primero en enero y el segundo en marzo, es válido. El segundo acuerdo abogaba por abrir un diálogo con el Gobierno. El Parlament respondió que ambos son válidos, es decir, que el segundo no anula el primero, el impugnado por el Gobierno central.El pasado 13 de marzo el Parlament catalán aprobó por una amplia mayoría, más de dos tercios de la Cámara (104 votos), una resolución en la que se instó al Govern de la Generalitat a «iniciar un diálogo» con el Gobierno central para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña. Esta iniciativa fue votada a favor por CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC.
MAS RETA A LOS PODERES DEL ESTADO
Pocos minutos después de que el Tribunal Constitucional dejase en suspenso la declaración de soberanía de Cataluña el presidente de la Generalitat,Artur Mas, ha advertido alEstadode que, «haga lo que haga», no conseguirá «abortar la voluntad de los catalanes», ni frenar el plan soberanista del Gobierno catalán. El jefe del Ejecutivo catalán ha subrayado que el texto es una manifestación política, sin efectos jurídicos, por lo que recomendado «‘seny’ y prudencia» a los magistrados que ahora deberán deliberar si anulan definitivamente la iniciativa del Parlamento.»Es un hecho insólito, altamente preocupante y profundamente decepcionante», ha afirmado Mas en rueda de prensa. El presidente catalán ha dejado claro que el camino hacia laconsultano se verá alterado y que esta misma tarde se aprobará, como estaba previsto, lacomisión parlamentariaque debe elaborar la hoja de ruta soberanista. «Que no haya dudas, el camino sigue», ha añadido Mas, quien no ha querido adelantar cuáles serán los siguientes pasos y si, por ejemplo, el Gobierno impulsará una nueva declaración en la Cámara catalana.
EL TEMA EN LA PRENSA NACIONAL
El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento de Cataluña, que reconocía al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico soberano». Esta resolución produce la suspensión temporal de la declaración. En un plazo de cinco meses el Tribunal deberá ratificarla, levantarla o, de forma definitiva, determinar si es constitucional o no. Antes, dará traslado al Parlamento de Cataluña para que, en 20 días, «aporte cuantos documentos y alegaciones considere conveniente».
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tildó de «insólita» y «profundamente decepcionante» la decisión del Constitucional. «Es tremendamente preocupante que un parlamento elegido y constituido democráticamente no se pueda ni pronunciar, ni aprobar una declaración», afirmó Mas. En su opinión, el Constitucional «cuestiona la voluntad de las urnas» y advirtió de que «difícilmente la mayoría el pueblo catalán entendería que declaraciones como estas sean impugnadas y finalmente suspendidas». En este sentido, recordó el fallo del Constitucional sobre el Estatut: «Hoy estamos donde estamos, entre otras cosas, por lo que pasó entonces, así que hay que tomar nota».
Mas aseguró que «el camino sigue, pese a los obstáculos», ya que, en su opinión, congelar el proceso soberanista sería un «acto desleal» a los votantes de las pasadas elecciones. «El proceso seguirá mientras quieran los catalanes», resumió el presidente catalán.
En esta línea, los partidos catalanes que en su día aprobaron la declaración -CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP- lamentaron la decisión del Constitucional e indicaron que el proceso soberanista seguirá adelante. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, subrayó que es la primera vez que el TC acepta a trámite la impugnación de una resolución «política» y anunció que los servicios jurídicos de la Cámara presentarán alegaciones contra la decisión.
El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, dijo que una decisión del Constitucional no «podrá silenciar lo que es el sentimiento y la voluntad mayoritaria de un pueblo expresada democráticamente por sus representantes». El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que el Parlament «se mantendrá fiel» a la voluntad de los ciudadanos catalanes, con independencia de lo que diga cualquier tribunal. Desde ICV-EUiA, Joan Herrera, consideró «insólita y muy grave» la suspensión, que, en su opinión, acaba con la «poca credibilidad» que aún tenían el PP y el Constitucional. Para el diputado de la CUP Quim Arrufat, «la pregunta era cuánta democracia aguanta el Estado español», la respuesta, en su opinión, es «cero».
Desde otra perspectiva, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, afirmó que CiU y ERC ya sabían que el TC suspendería la declaración, de manera que al impulsarla sólo buscaban «la confrontación».
Para la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, la resolución del TC es «muy positiva» y mostró su confianza en que el Govern y el Parlament «cumplan la ley». También Albert Rivera, de Ciutadans, mostró su satisfacción por la decisión del Constitucional, que, a su juicio, era de «sentido común».
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se felicitó por la decisión judicial y exigió «máxima lealtad institucional».
La resolución del Constitucional coincidió con la votación en el pleno de la Cámara catalana de una propuesta para crear una comisión sobre el derecho a decidir, que fue aprobada con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP) y 9 en contra (Ciutadans). Los diputados del PPC se ausentaron del debate de esta propuesta y de su votación al considerar que, tras la resolución del TC, suponía una «insumisión» a la legalidad y un «desacato» a la Constitución el abordar esta asunto en el Parlament.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció que su partido está valorando emprender acciones para «impugnar» la creación de esta comisión por ser «inconstitucional» e «ilegal».
En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, replicó ayer a la líder de UPyD, Rosa Díez, que el Ejecutivo apoya por igual a todos los españoles, le guste el gobierno autonómico o deje de gustarle y «vivan en un sitio u otro» porque no es un sectario y «no lo va a ser nunca». Con estas palabras respondió a Díez, quien en la sesión de control recriminó al Gobierno que transfiera fondos a la Generalitat cuando está ejerciendo un «mal gobierno», que le hace daño a los catalanes y a los españoles.
La decisión del Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament y las reacciones a la misma acaparan las primeras de todos los diarios.EL PAÍSdice que «el Constitucional deja sin efecto la declaración de soberanía de Cataluña». En este sentido,LA VANGUARDIAdestaca que «el TC suspende la declaración soberanista del Parlament». «Suspendida», titula en primeraABCsobre una foto de Mas, Junquera y Herrera, los líderes de los partidos que apoyaron la declaración soberanista. Idéntica imagen y el mismo titular aparece en la portada deEL PERIÓDICO, que completa con uno de los puntos básicos de la declaración: «Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano». Por su parte,LA GACETAresalta que «el Constitucional paraliza a Mas».
EL MUNDOse centra en la reacción del presidente de la Generalitat: «Mas antepone ‘las urnas’ a la ley para desobedecer al TC». Al respecto,LA RAZÓNinterpreta como una «burla a España» la decisión del Parlament de votar la comisión del derecho a decidir. Este diario añade que «el Gobierno llevará a Mas ante el TSJC si incumple las sentencias del Constitucional».
EL PAÍS 1,10,11/EL MUNDO 1,12,13/ABC 1,16,17/LA VANGUARDIA 1,10,11/EL PERIÓDICO 1,16,17/LA RAZÓN 1,10-13/LA GACETA 1,8,9/CINCO DÍAS 27/EL ECONOMISTA 27/AGENCIAS
