Afirmaciones durante la inauguración del XII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que es, por su temática sobre la relación de esta especialidad del derecho y la crisis económica, «especialmente oportuno».
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha afirmado hoy que la prestación del «servicio público esencial» de la justicia en «los mejores parámetros de calidad» es un «objetivo prioritario» para el Gobierno de Cantabria. Para conseguir el objetivo de «la máxima calidad», ha afirmado el presidente Diego, el Ejecutivo está «en disposición de permanente colaboración» con el ámbito judicial y con los profesionales de la justicia para «satisfacer las necesidades que existen en este ámbito».
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha realizado estas afirmaciones durante la inauguración del XII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que es, por su temática sobre la relación de esta especialidad del derecho y la crisis económica, «especialmente oportuno», asegura Diego.
Han acompañado al presidente en la inauguración, el presidente de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, César Tolosa, y el director general de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional, Javier Uribe. Han estado presentes, además, la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, y el director general de Justicia, Ángel Santiago.
El curso está organizado por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico; el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
En su intervención, el presidente Diego ha recordado los «notables esfuerzos» que ha tenido que llevar a cabo su Gobierno para corregir el rumbo de las finanzas de la Comunidad Autónoma y para conseguir «una administración más ágil y más austera en su funcionamiento», abordando «todos los planteamientos que nos acerquen a la mayor eficiencia posible». Diego ha afirmado, «con cierta satisfacción», que «estamos consiguiendo esos objetivos de reordenación, de eficiencia, menor coste de los servicios y, con ello, haciendo sostenible la administración en términos económicos sin que suponga merma en la calidad de los servicios».

