Ha presentado a los tres grupos con representación parlamentaria (PP, PRC y PSOE) tras la sentencia del Tribunal Constitucional un plan que permitía indemnizar antes del derribo de las viviendas con sentencias de demolición.
Eduardo Van den Eynde ha valorado «muy positivamente» la propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria para solucionar la situación de los derribos en la comunidad autónoma que en la mañana de hoy el presidente del Gobierno y del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, han presentado a los tres grupos con representación parlamentaria (PP, PRC y PSOE) tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula parte de la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria que el Parlamento aprobó por unanimidad en 2011 y que permitía indemnizar antes del derribo de las viviendas con sentencias de demolición.
A la salida de este encuentro, el portavoz del Grupo Popular ha expresado su confianza en que el Proyecto de Ley planteado por el Ejecutivo, que reformará la actual Ley del Suelo, pueda estar aprobado en un plazo de «30 días» tras su aprobación el próximo jueves por el Consejo de Gobierno y su registro con carácter inmediato en el Parlamento de Cantabria.
El objetivo, según ha señalado Van de Eynde, es que «en el plazo más breve posible» la Ley pueda ser «efectiva» para «amparar los derechos de los propietarios de aquellas viviendas que sabemos que en el futuro, por la propia planificación urbanística, van a ser perfectamente legales».
En este sentido, tras destacar que el borrador de este Proyecto de Ley que hoy se ha dado a conocer «garantiza el respeto a los procedimientos y las decisiones judiciales entorno al tema de los derribos», el portavoz parlamentario del PP ha subrayado la importancia de la nueva figura de las «autorizaciones provisionales» contemplada en el texto y que, según ha explicado, permitirá que no se ejecuten los derribos de todas aquellas viviendas que luego vayan a ser legalizadas por la planificación urbanística, algo que coincide con «el espíritu que ha mantenido el propio Tribunal Superior de Justicia», según ha dicho.
«Nosotros consideramos que es una figura muy inteligente», ha dicho Eduardo Van den Eynde respecto a las autorizaciones provisionales, en el sentido de que «nadie puede entender que se ejecute una demolición de una vivienda que, sin embargo, luego va a poder ser reconstruida perfectamente porque un Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) garantice su legalidad».
