Su portavoz, Agustín García, critica la actitud del regidor y su equipo de gobierno. “Resulta vomitivo que empleen sus cargos para dilucidar sus cuitas personales con quienes ocupan una categoría inferior en el organigrama».
La agrupación política AVI (Alternativa Vecinal Independiente) en Santillana del Mar ha mostrado su “hastío” tras ver la noticia publicada en los medios de comunicación sobre la sentencia que condena al Ayuntamiento por la “vulneración grave” de los derechos fundamentales de un operario municipal y le conmina a pagar 12.502 euros al afectado, además de devolverle a sus funciones habituales. El portavoz de la agrupación, Agustín García, ha recordado que “la noticia conocida está relacionada con lo que ya publicó nuestro grupo tanto el 9 de octubre como el 3 de diciembre de 2019”, algo que el alcalde, Ángel Rodríguez, “no solamente negó, sino que aseguró tener las pruebas para demostrar que nuestra agrupación política mentía”. Por eso, desde AVI acusan al regidor de mentir “tanto a los vecinos como a los políticos de AVI”.
García ha recordado que “un Ayuntamiento constituye un ente institucional sin capacidad para resolver actuaciones maniqueas, por lo que resulta ilógico que se condene a la institución a pagar una indemnización, cuando todos sabemos que quien dirige un Consistorio es el alcalde y su equipo de gobierno”. Por eso, argumenta el portavoz de AVI, “la decisión de acosar o permitir el acoso a un trabajador es responsabilidad del alcalde y sus concejales”. Así, insiste García, “resulta vomitivo que estas personas, elegidas mediante sufragio universal para representar a todos los ciudadanos, empleen sus cargos y aprovechen su situación en el gobierno para dilucidar sus cuitas personales con quienes ocupan una categoría inferior en el organigrama municipal”. Hecho que supone “traicionar la confianza otorgada por los vecinos” y realizar una “supuesta coacción”.
“¿Cómo un representante del PSOE, que lleva en sus siglas la palabra ‘obrero’, puede permitir que en su Ayuntamiento se cometa este infame ultraje de los derechos laborales de un trabajador?”, “¿hasta dónde está dispuesto a llegar el señor alcalde y su gobierno con su chantaje para que guardemos silencio ante sus periplos pseudolegales?”, se preguntan desde AVI. El portavoz de la agrupación cuestiona además si el PRC “tiene algo que decir como socio de gobierno o si la agrupación Independiente Ainsa se ha hecho eco de la noticia”. García ha recordado además que “tras relegar al acosado de su empleo como fontanero, el Ayuntamiento contrató a una empresa externa para ocuparse de las labores de fontanería, promotora que también opera en las empresas del concejal de Deportes, Rafael Oceja”. García recuerda que ahora “serán los vecinos” quienes paguen “las andanzas del equipo de gobierno”. A los 12.502 euros de la sentencia, “habrá que sumar la sanción de 6.000 euros impuesta por la Inspección de Trabajo en 2019.
