DESDE AYER unas 200 familias que han acudido a las oficinas provinciales de vivienda demandando protección de la Junta para afrontar los procesos de ejecución hipotecaria en los que se encuentran al no poder pagar sus viviendas.
La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, pidió ayer a la ministra Ana Pastor la convocatoria de la conferencia sectorial para debatir sobre los desalojos con las distintas comunidades. En una comparecencia en el Parlamento autonómico, Cortés se refirió a la conveniencia de propiciar un debate y «ayudar a cambiar la injusticia social» que suponen los desahucios dentro de las competencias que tienen las autonomías. En este sentido, la consejera dijo que «el Gobierno andaluz es ahora mismo un referente en el conjunto del territorio español».
Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ayer que no tiene duda alguna de que el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía es constitucional. En el programa El Debate de TVE, Rubalcaba subrayó que «hay que defender» a los ciudadanos a los que por situación sobrevenida sólo les queda la casa y que si se la quitan se van a la pobreza, dijo, tras lo que añadió que «en estas situaciones, los poderes públicos tienen que actuar», El decreto de la Junta de Andalucía insistió, «ha hecho lo que dice la Constitución que corresponde hacer a los poderes públicos, que es proteger a los más desfavorecidos. En otro momento, dijo no creer que «ningún banco se vaya a la ruina» por renegociar hipotecas.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer todos los detalles del decreto de la función social de la vivienda, una norma que entra en vigor hoy y permite gravar los inmuebles no ocupados y expropiar los embargados, y al que se podrán acoger en un primer momento alrededor de unas 200 familias que han acudido a las oficinas provinciales de vivienda demandando protección de la Junta para afrontar los procesos de ejecución hipotecaria en los que se encuentran al no poder pagar sus viviendas.
Los periódicos publican que el decreto andaluz contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, siempre que las familias afectadas reúnan unas condiciones, como estar en riesgo de exclusión social. También prevé multas de hasta 9.000 euros a las entidades jurídicas que no pongan en alquiler sus inmuebles.
CINCO DÍASdestaca que Andalucía también sancionará al ‘banco malo’ por sus pisos vacíos, de forma que Sareb, banca e inmobiliarias tienen un mes para censar todo su stock. El Gobierno andaluz mantiene que durante su tramitación como proyecto de ley en el Parlamento autónomo se podrán incorporar medidas al decreto que refuercen las garantías legales.
SegúnEL PAÍS,»Andalucía quiere exportar su decreto de los desalojos al resto de España». ParaEL MUNDO, «la consejera andaluza quiere aleccionar a las CCAA del PP».LA RAZÓN,tomando literalmente una parte del decreto andaluz, subraya que la Junta apela al «derecho a la vida» para justificar «su afán expropiatorio».
El decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios no ha encontrado una gran acogida en la mayoría de las comunidades, salvo en Canarias, con especial rechazado en las gobernadas por el PP, cuyas críticas han sido generalizadas. En el caso de Castilla-La Mancha, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, dijo ayer que, con ese decreto, la Junta sólo busca «el titular y contentar a determinada parroquia, más que solucionar problemas reales».
Para el presidente de Madrid, Ignacio González, la medida andaluza pone en cuestión la defensa de la propiedad privada, mientras que el de La Rioja, Pedro Sanz, abogó por la coordinación entre las comunidades y el Estado ante los desahucios porque «no puede ir cada uno por su lado», dijo. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, calificó la propuesta de «un paso interesante».
Por otro lado,ABCpublica de forma destacada en portada que la consejera de Vivienda, Elena Cortés, «avaló 142 desahucios», así como que siguió tramitando desalojos seis meses después de anunciar su paralización. El rotativo se hace eco así de unas palabras de la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, quien en una entrevista en Canal Sur Televisión detalló ayer que Cortés «ha firmado desahucios hasta abril de este año». Crespo calificó como de «dudosa legalidad» el decreto para expropiar el uso de viviendas a los bancos cuando éstas se encuentran inmersas en procesos de desahucio.
Las entidades financieras concedieron en 2012 un total de 14.229 daciones en pago sobre vivienda, lo que supone el 21,6% del total de los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados y el 36,5% de las adjudicaciones por ejecución de hipoteca sobre vivienda registradas. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, señaló ayer en una nota de prensa que estas cifras demuestran que la figura de la dación en pago «se utiliza continuadamente en la práctica bancaria habitual, aunque pueda ser planteada de forma más o menos selectiva según las distintas entidades financieras».
La Comunidad Valenciana con 2.981, fue el territorio donde más daciones en pago se concedieron, seguido por Cataluña, con 2.357, Andalucía, con 2.304 y Madrid, con 2.262. En total. Estas cuatro comunidades sumaron el 70,3% de las daciones en pago otorgadas. Otro dato que se desprende de la encuesta realizada por los registradores es que el 61,25% de las daciones en pago fueron concedidas a españoles, mientras que del 38,75% restante la mitad correspondió a ciudadanos de países sudamericanos. La encuesta también revela que el 74,76% de las 65.778 ejecuciones hipotecarias correspondieron a primera vivienda.
LA VANGUARDIAresume estos datos destacando que «los impagos de hipotecas dejaron sin vivienda a 39.000 familias en el 2012. ParaABC, «la banca se quedó con 30.034 primeras viviendas en 2012.CINCO DÍASsubraya que «el 74% de las ejecuciones de 2012 fueron primera vivienda».
CONTEIDO DEL DECRETO
El decreto-ley sobre la vivienda del Gobierno andaluz, que publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía apela al»derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias»afectadas por desahucios para justificar las expropiaciones temporales.En la exposición de motivos, el decreto ley de «medidas paraasegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda» introduce una disposición «destinada a asegurar el derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica» de las familias perjudicadas por ejecuciones hipotecarias para que puedan seguir ocupando sus casas. El decreto, queentra en vigor el viernes, recuerda que la Junta tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda y hace referencia a la sentencia de la UE del pasado 14 de marzo, que pone en evidencia la necesidad de que los poderes públicos actúen para el uso y disfrute de la vivienda habitual.En el decreto, firmado por la consejera de Fomento y Vivienda,Elena Cortés(IU) y por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán(PSOE), se añade que la desocupación de viviendas representa «el mayor exponente del incumplimiento» de su finalidad social, y agrega que se actúa en este ámbito por la «imperiosa urgencia» debido a la crisis. En la disposición adicional segunda se aborda la «declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social».Las viviendas susceptibles de ser expropiadas por un máximo de tres años, indica el decreto, son las que tengan como titulares a una persona jurídica y nunca las de personas físicas. Tambiénse excluyen del decreto las casas dedicadas al esparcimiento o recreo, las destinadas al arrendamiento por temporadas o las dedicadas a usos turísticos.El texto señala que merece»especial reproche»las viviendas desocupadas que «son propiedad, en sus diferentes formas, de personas jurídicas, en especial, deentidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la estructuración bancaria y entidades inmobiliarias».El decreto-ley, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes, hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía. La disposición legal critica que «a pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho a la vivienda, lo cierto es que en la práctica es considerada un simple bien de consumo sujeto a las leyes del mercado».La Consejería añade que, por una parte, hay»un desorbitado parque de viviendas sin uso o infrautilizado»y por otro existe «una demanda insatisfecha, con una oferta insuficiente y a precios no adecuados, por lo que se hace urgente potenciar su uso». Además de hacer referencia a laLey de Expropiación Forzosa de 1954, el texto que hoy publica el BOJA incluye medidas como sanciones de hasta 9.000 euros a los propietarios que no alquilen las viviendas vacías.En Andalucía hay alrededor de700.000 viviendas vacías y se producen 45 desahucios diarios-unos 86.000 desde el año 2007-, según los datos de la Consejería, que alude a la imposibilidad de satisfacer las necesidades «habitacionales» de la población incrementando el parque público de casas, sobre todo en época de crisis.
