Activistas de Greenpeace se encaraman al edificio del Congreso contra la ley de costas

Media docena de miembros de la ONG fueron detenidos tras protestar de esta forma contra la ley de costas que se debatía en el interior de la Cámara
Un grupo deactivistasde la organización ecologistaGreenpeacese han encaramado a la fachada principal delCongresode los Diputados para protestar de forma gráfica por laley de costasque se está debatiendo en el interior de la Cámara Baja este jueves. Uno de ellos ha escalado a lo más alto de la fachada del edificio, situado en la Carrera de San Jerónimo de Madrid.
El acceso a lo más alto del tejado de la fachada no ha sido complicado para los activistas, que han tenido la ayuda de unos andamios colocados a cada lado para facilitar las obras de restauración que se están acometiendo en el edificio durante estos días.
Uno de ellos ha conseguido colgarse del frontispicio de la fachada, donde ha intentado desplegar unapancartacon el lema»El PP vende nuestra costa». No obstante, miembros de la Policía han subido inmediatamente hasta allí y han reducido a todos los activistas, a quienes han procedido a identificar. Según fuentes de Greenpeace, hay ocho ecologistas detenidos por esta acción.La directora de campañas deGreenpeace, María José Caballero, ha explicado a Efe que la acción quería servir de protesta por la aprobación de la reforma de la Ley de Costas.  «Terminan 25 años de protección para el litoral con esta reforma promovida por el PP, que lo que hace es desproteger la costa, desvalorizarla, porque en lugar de un sitio a proteger entiende que es un sitio a ocupar», ha explicado.Greenpeace ha denunciado «la falta de rigor» de esta reforma legislativa y ha recordado que una docena de núcleos costeros quedarán exentos de cumplir la ley, mientras que se reducirá la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos y se dejarán sin protección a algunos de los más importantes humedales costeros y dunas.La organización ecologista presentará una queja ante la Comisión Europea para que estudie si se han vulnerado varias directivas comunitarias, entre ellas la relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la de conservación de aves silvestres y la de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.