El principal inconveniente pasa por la oposición del Ministerio de Justicia, en general, y de la Fiscalía General, en particular, que no quieren un acuerdo que transmita la sensación de que se le dispensa un trato de favor.
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, negocian un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción de Baleares que tendría como primera consecuencia la no celebración del juicio previsto por el caso. Urdangarin aceptaría declararse culpable a cambio de una pena de inferior a los dos años, que le permitiría no tener que ingresar en prisión. Torres admitiría una condena de cuatro años con tal de que su mujer quede exente de toda responsabilidad. El fiscal ha respondido a los abogados de ambas partes que no acepta pactos sin ingreso en prisión y sin que devuelvan lo sustraído.
Según el diario, el principal inconveniente que tiene la negociación en marcha pasa por la oposición del Ministerio de Justicia, en general, y de la Fiscalía General, en particular, que no quieren un acuerdo que transmita la sensación de que se dispensa un trato de favor al yerno del Rey y a su socio.
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Mientras, el juez José Castro sigue recibiendo informes de la Agencia Tributaria. El último ha sido uno donde se analizan las salidas de fondos de varias cuentas bancarias de Aizoon.
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En otro orden de cosas, el juez Castro fijará en breve una nueva fecha para la declaración como testigo de Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. Camps, que declarará como testigo y ante la secretaria judicial, eludió su cita para declarar pese a las visitas que la policía judicial efectuó a su domicilio para comunicarle el emplazamiento judicial.
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