Un perito remarcó la ilegalidad de otorgar licencia en la APD-2

Un informe pericial sobre el desarrollo urbanístico del Área de Planeamiento Diferido número 2 (APD-2) de Castro remarcaba la imposibilidad de conceder licencias de obra y de primera ocupación por vulnerarse las Normas del PGOU
©EL MUNDO CANTABRIA/FÉLIX VILLALBA / SantanderEntre la documentación que el juez de Castro Urdiales Luis Acayro remitió al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander estaba un informe pericial de un arquitecto- urbanista funcionario de la Administración Regional de Cantabria que remarcaba la imposibilidad de conceder licencias de obra o de primera ocupación en el desarrollo de la APD-2 debido a las ilegalidades cometidas. El Contencioso dirimía la concesión de una licencia en esa zona por silencio administrativo.Un informe pericial sobre el desarrollo urbanístico del Área de Planeamiento Diferido número 2 (APD-2) de Castro Urdiales remarcaba la imposibilidad de conceder licencias de obra y de primera ocupación por vulnerarse los contenidos de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y la normativa regional. Dicha pericial formaba parte de la documentación que el juez Luis Acayro, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, remitió al Contencioso Administrativo, en Santander, donde se dirimía considerar positivo el silencio del Ayuntamiento para conceder una licencia.
Remitir esa documentación ha supuesto una querella por prevaricación contra el juez castreño, que ha admitido a trámite el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
El informe pericial había sido encargado por Acayro durante la instrucción de una causa penal por las irregularidades en la APD-2 y había sido utilizado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Castro como documentación adicional a un informe propio en el que se consideraba imposible la concesión de una licencia por silencio administrativo en dicho desarrollo urbanístico. Ese informe y la documentación adicional, es la que un técnico municipal, durante un interrogatorio como testigo con Acayro, pidió que se enviara al Contencioso Administrativo, que la rechazó y concedió la licencia.
El informe pericial está firmado por Jesús Antonio Molinero Barroso, arquitecto urbanista y funcionario de la Administración Regional de Cantabria. En sus conclusiones, deja claro que «las diferentes y numerosas licencias municipales de obras y de primera ocupación, concedidas hasta el momento actual [el informe está fechado el 27 de febrero de 2013], vulneran los contenidos de las Normas Urbanísticas del PGOU, así como las de la Ley de Cantabria 2/2011[Ley del Suelo».
Además, el perito señala el perjuicio que supone la concesión de estas licencias para el Ayuntamiento, dado que, «a pesar de ser un ámbito de suelo cuya gestión se desarrolla mediante un Proyecto de Compensación y su correspondiente Junta de Compensación, no existe ningún tipo de fianza o aval que garantice la prosecución y mantenimiento de la iniciativa urbanizadora emprendida».
El informe de Molinero constata el «grave perjuicio» para los intereses del Ayuntamiento por la tramitación, gestión y ejecución de la APD-2. Uno de ellos es la reducción de los metros de suelo de cesión obligatoria a favor del Ayuntamiento. Se habían previsto, en el PGOU, 58.000 metros cuadrados para el Sistema General de Espacios Libres y estos se redujeron en 9.469.
Pero no es la única minoración. También la cesión destinada a equipamiento escolar baja. El centro escolar es el que sufre la mayor reducción del suelo destinado a equipamientos, que en total mengua en 2.348 metros cuadrados. Hay más problemas derivados de las mediciones. Se constata que la superficie del APD-2 tiene una sensible reducción, de más de 2.340 metros cuadrados, lo que debería haber llevado aparejado una disminución de la superficie total edificable, algo que no se hizo. El exceso de edificabilidad se cifra en 1.226 metros cuadrados.
Según el perito, dicho exceso «se traduce en un incorrecto incremento del aprovechamiento urbanístico privatizable por los promotores privados del APD-2, vulnerándose por ello tanto las determinaciones del PGOU de Castro Urdiales como la Ley del Suelo».
Otro de los problemas que aprecia el perito es que «se están modificando las previsiones del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano que se pretende desarrollar y, al mismo tiempo, no se está dotando a los suelos urbanizados de los servicios y suministros adecuados y suficientes para atenderlos». Todo ello supone una vulneración de la Ley del Suelo. Entre las deficiencias en lo que a suministros se refiere, el técnico hace alusión al del agua, dado que no se han construido los depósitos proyectados no solo en el APD-2, también el previsto para la zona de La Loma. Una de las pruebas que presenta es el manuscrito publicado ayer por este periódico de José Miguel Rodríguez López (alias KyK), entonces concejal de Hacienda y Patrimonio, en el que reconoce que son conocidas las múltiples irregularidades urbanísticas y de infraestructuras en la zona.