Un «comité de sabios» recomienda a Fabra devolver competencias si no hay más financiación

El comité de sabios de la Generalitat valenciana propone más ajustes en las empresas y fundaciones públicas, la extensión del copago, el fin de las ayudas a patronal y sindicatos y la reducción a la mitad de los diputados
El comité de sabios escogido por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para elaborar una propuesta sobre un nuevo modelo de financiación autonómica no sólo ha cumplido el objetivo para el que fue constituido certificar la agónica situación financiera de la Generalitat como consecuencia de la infrafinanciada sino que fue mucho más allá en sus conclusiones, informa hoy el diario Levante.
Tal es así que los expertos prácticamente proponen que, en caso de que no mejoran los recursos procedentes del Gobierno central, la Generalitat baje la persiana y devuelva las transferencias al Estado. «Sería aseguran un escenario económico menos gravoso para los ciudadanos». El informe, redactado por la comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Comunitat Valenciana integrado por los profesores José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames y Juan Velarde fue presentado ayer en un solemne acto en el Palau de la Generalitat. Fabra, arropado por su Consell en pleno, así como por numerosas autoridades y cargos públicos, asumió las conclusiones del informe con el que pretende hacer bandera de su reclamación a pesar de que contiene polémicas propuestas, entre ellas, la que aboga por deshacerse de las competencias dejando el Estado autonómico en paños menores.
Los Jaume I consideran que ante la premisa de que se mantenga el actual modelo con el actual déficit y el elevado importe de los gatos financieros existen «dudas muy razonables sobre la viabilidad financiera de la Comunitat Valenciana a medio y largo plazo». En este contexto creen que el Consell debería «valorar la conveniencia de devolver las transferencias al Estado». La idea de la posible recentralización de competencias está presente de manera más específica en sanidad. Figura en el estudio y lo dejó claro ayer el profesor Tamames, redactor del informe, cuando planteó abordar «con toda diligencia» la coordinación máxima de los 17 sistemas de salud «excesivamente» compartimentados para ir a una agencia nacional que instrumente de manera eficiente el sistema nacional de salud. La comisión de expertos descarta que para afrontar el gasto sanitario sea necesario aumentar la participación autonómica en los impuestos estatales (IVA, IRPF, etc). Aboga por una mejora del gasto que realizan las autonomías.
Ahora bien, el «Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunidad Valenciana» salva al Consell en cuanto a su responsabilidad en los déficits y deuda acumulada. El presidente de la comisión, Lamo de Espinosa, indicó que tras analizar los datos y los informes (hacen suya las conclusiones de los expertos nombrados por las Corts) no habían encontrado «gastos excesivos» en la Generalitat. Ratificaron la tesis del Consell de que en gastos sanitarios y educativos el nivel de eficiencia es superior al resto de la media española y responsabilizaron a la infrafinanciada histórica que sufre la C. Valenciana «del bucle imparable de la deuda». El informe alerta de que el problema «en los próximos años será muy serio si se mantiene el mismo modelo de financiación y los compromisos actuales sobre cobertura de las prestaciones sociales», de ahí que califican de «urgente» un cambio en el sistema. «No puede aplazarse a 2015, debe hacerse en 2014, que es cuando se cumple el quinquenio de la vigencia del actual sistema», claman en el informe.
Eso sí, el cambio del modelo no es la única medida que plantean los Jaume I. Tanto Tamames como Espinosa hablaron de la necesidad de continuar con las políticas de austeridad. Espinosa exigió «durísimos sacrificios al sector público»; mientras que Tamames fue más lejos y enumeró toda una serie de tijeretazos (todos ellos recogidos negro sobre blanco en el informe) de marcado carácter liberal. Y es que la comisión estima que la llamada de política de austeridad han sido insuficiente «al haberse actuado de manera poco decidida en los recortes del gasto no absolutamente imprescindible». Entienden que hay que diseñar un Estado con administraciones públicas que tengan menor dimensión. De hecho, cuestionan incluso la oportunidad del Fondo de Liquidez Autonómica que, aunque ven necesaria, «ha contribuido a mitigar la exigencia de mayor racionalidad económica».
No subir impuestos
Entre otras cuestiones, proponen la extensión del copago en todas las actividades públicas «como medida disuasoria para racionalizar las prestaciones de todos tipo». Como filosofía general, los Jaume I creen que es preciso «ir a más reducción del gasto público que no a más subidas de impuestos». Hay en su opinión margen para más recortes. Apuntan a las fundaciones y empresas públicas piden que se supriman prácticamente todas y piden el fin de las subvenciones a sindicatos y patronal. También apuestan por una drástica reducción de ayuntamientos (de 8.120 actuales a 1.000) y de políticos. Y apuntan directamente el excesivo número de diputados en el Congreso.
Además, van más lejos que Fabra y plantean reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos de cada comunidad autonómica (el presidente plantea pasar de 99 a 79 diputados), así como asesores, secretarias, viajes, comidas etc y recortar el número de conselleries. En su apuesta por un Estado mínimo, creen innecesario también el Senado e insinúan, los consejos consultivos.