Según los investigadores, bajo la fórmula de las facturas falsas se desviaron gran parte de los millones de euros de la Administración autonómica hacia las cuentas corrientes de los sindicatos.
Los exconcejales socialistas sevillanos Carmelo Gómez Domínguez y José Antonio García González trabajaron par empresas que utilizó el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas para «introducir en el sistema financiero el dinero de origen ilícito» obtenido con la tramitación de ayudas. La Guardia Civil asegura en un atestado incorporado al sumario de los ERE que Gómez trabajó para Maginae Solutions, empresa del ‘entramado societario’ de Lanzas y dirigida por su cuñado Ismael Sierra, también imputado. Los investigadores revelan que García trabajó para Al Andalus Mass Media Channel.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción pidió ayer a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros al exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz, que eludió declarar ante la juez.
EL MUNDOdestaca que Lanzas estaba recopilando datos sobre la organización y el funcionamiento de la trama cuando fue detenido por la Guardia Civil. En un disco duro del cuñado de Lanzas se presentan las raíces de la trama como un enredo entre políticos, altos cargos, mediadores, sindicatos, asesorías, corredores de seguros y compañías aseguradoras. Asimismo, encontraron un archivo con una copia de seguridad de los SMS recibidos en uno de los teléfonos de Lanzas. El mensaje que señala a Garpar Zarrías como jefe de Lanzas fue enviado desde un móvil de Nueva Rumasa.
El último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe la supuesta financiación irregular de UGT y CCOO con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía para prejubilaciones. Según los investigadores, bajo la fórmula de las facturas falsas se desviaron gran parte de los millones de euros de la Administración autonómica hacia las cuentas corrientes de los sindicatos. La investigación apunta que los sindicatos, sus altos cargos y varios familiares cobraron 22 millones de los ERE.
El secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, imputado en elcaso de los ERE,asegura, en una entrevista enEL PAÍS: «Los sindicatos hicieron un trabajo de escándalo que tenemos que cobrar».
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El Gobierno, el fiscal general del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respaldaron ayer a la juez Mercedes Alaya tras los abucheos recibidos el día anterior por sindicalistas en la puerta de los juzgados sevillanos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que «el abucheo, el acoso o el escrache no es admisible», y emplazó a los sindicalistas a «respetar las resoluciones judiciales», y si no están de acuerdo les recordó que está la «vía del recurso». El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, resaltó la «imparcialidad» e «independencia» de la juez. Mostró su respeto a una «institución tan importante» como es un sindicato, pero rechazó «terminantemente» la forma en que se llevó a cabo la protesta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (TSJA) advirtió de que la actitud de los sindicalistas a las puertas de los juzgados «revela una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho».
El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, exigió una «condena contundente» a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a los líderes regionales de CCOO y UGT. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, dijo: «Todos los poderes, incluido el judicial, deben entender que en democracia están sometidos a la crítica».
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