La documentación revela que el sindicato ha mantenido depósitos a plazo fijo hasta 2012, año en el que se despidió a 159 trabajadores con una indemnización de sólo 20 días, como «opción legal»
La Unión General de Trabajadores de Andalucía gozaba de una situación económica privilegiada mientras desviaba fondos públicos de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea para la formación profesional de desempleados, ya que disponía de 6,6 millones de euros en depósitos bancarios a plazo fijo. Además, la cuenta corriente en la que ingresaba las subvenciones contaba con otros 12,5 millones. Según consta en la documentación contable de UGT-A a la que ha tenido accesoEL MUNDO, la federación regional del sindicato que dirige Cándido Méndez tenía a principios de 2009 cinco depósitos a plazo fijo en el BBVA por una cuantía total de 6,2 millones y otros tantos en La Caixa por valor de 440.000 euros.
La documentación revela que el sindicato ha mantenido depósitos a plazo fijo al menos hasta 2012, año en el que se despidió a 159 trabajadores con una indemnización de sólo 20 días. La dirección del sindicato justificó su utilización alegando que era «la única opción legal». La documentación publicada porEL MUNDOen las últimas semanas evidenciando los abusos ha provocado que la Fiscalía Superior de Andalucía haya abierto de oficio una investigación y reclamado un informe a la Policía Judicial, además de la revisión de expedientes administrativos por parte de tres consejerías. Las consejerías afectadas por las facturas falseadas de UGT son Presidencia e Igualdad, Educación y Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. Por el momento, el gobierno andaluz descarta denunciar el caso judicialmente. Por su parte, UGT-A ha anunciado la creación de una comisión interna para revisar las ayudas en busca de posibles «errores» y ha depositado ante notario 115.000 euros que cubrirían, según el sindicato, todo el dinero de publicidad del programa Forman XXI.
El PP andaluz viene reclamando a la Junta la revisión de todos los fondos formativos gestionados por los sindicatos UGT y CCOO, que ascenderían a unos 4.000 millones de euros. Los desvíos van más allá del Forman XXI, cuyos expedientes custodia en exclusiva la consejería de Educación. UGT ha costeado gastos organizativos con subvenciones para la negociación o ayudas para mujeres discriminadas en el trabajo por razón de sexo. Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya señala responsabilidadin vigilandoen la trama de los ERE. La investigación señala en uno de sus últimos atestados al exconsejero de Empleo Manuel Recio por el pago de fondos públicos a falsos prejubilados. Además, los agentes sitúan en las negociaciones de uno de los ERE irregulares al actual portavoz parlamentario del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, en su etapa de vicepresidente tercero del Parlamento y secretario general del PSOE de Granada.
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Según informaABC, dirigentes de CCOO y UGT pactaron una ayuda irregular de más de 550.000 euros y bajo cuerda con el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero para apagar un conflicto laboral que bloqueó durante días la recogida de basura en varios municipios granadinos. El exalto cargo de Empleo y uno de los principales imputados en la trama de los ERE fraudulentos abortó en 2006 la huelga general convocada en el servicio de limpieza suscribiendo una póliza a favor de las empresas concesionarias del servicio con cargo a la partida 31-L, el denominadofondo de reptiles.
La Junta intervino en el conflicto por mediación del secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, quien concertó con el exdirector de Trabajo una «reunión confidencial» en un hotel de Málaga para arreglar el problema, según el testimonio del presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública, FraNcisco Jardón Arango, quien intervino en las negociaciones. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asegura que en un atestado entregado en diciembre a la juez que instruye el caso de los ERE falsos, Mercedes Alaya, que «fue este sindicato el que planteó y presionó para que le conflicto fuese solucionado por la Dirección de Trabajo de la Junta».
Francisco Javier Guerrero confirmó que, ante las «exigencias» de los sindicatos, se comprometió de palabra y por escrito a imputar al presupuesto autonómico el coste de las subidas salariales que los trabajadores de limpiezas reivindicaban a Cespa S.A. y FCC S.A. Debido a la falta de fondos en la Consejería de Empleo -según detalla el informe policial-, «esta garantía de pago se materializó a través de la suscripción de unas polizas», sufragadas por la Junta y en las que figuraban como beneficiarios Cespa y FCC S.A. Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo e imputado de mayor rango en la trama de los ERE, se percató en 2009 de que el compromiso adquirido por Guerrero era ilegal. En un correo electrónico escribió: «Remitir a D. Juan Márquez [sustituto de Guerrero]. No existe la obligación. No podemos asumirla. No es legal». Sin embargo, su sucesor en la Consejería de Empleo, Manuel Recio, ya en la etapa de José Antonio Griñán, siguió costeando las pólizas a sabiendas de que eran irregulares, advierte la Guardia Civil.
ABC 30
