EL MUNDO ha tenido acceso a más facturas, comunicaciones internas y documentación que confirman que la cena celebrada el 16 de abril de 2010 en la caseta de UGT se abonó con una ayuda de 700.000 euros de la Junta.
La dirección de la federación de Andalucía de la Unión General de Trabajadores gastó 12.716,23 euros en una fiesta nocturna a la que invitó a sus empleados en vísperas de la Feria de Abril de Sevilla de 2010. Según destaca hoyEL MUNDOen su portada, UGT-A cargó el importe de esa cena a la subvención anual que otorgaba la antigua Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para sufragar los gastos de representación del sindicato en la negociación colectiva.
EL MUNDOha tenido acceso a más facturas, comunicaciones internas y documentación oficial que confirman que la cena celebrada el 16 de abril de 2010 en la caseta de UGT del recinto ferial sevillano se acabó abonando con una ayuda de 700.000 euros otorgada por el Gobierno andaluz. La subvención se concedió, supuestamente, para costear los desplazamientos de los dirigentes del sindicato en los procesos de negociación colectiva de los que formaban parte.
La prueba de que el recibo se amañó y de que los 12.700 euros se gastaron en una noche de fiesta a la que fueron invitados 150 personas es una comunicación interna dirigida desde UGT de Sevilla a la dirección andaluza del sindicato el día 30 de julio de 2010, que hoy es reproducida porEL MUNDOen su portada. «Estimado compañero», le escribe Pilar Orellana, secretaria de Administración de la Ejecutiva provincial, a Federico Fresneda, vicesecretario general del área de UGT-A. «Adjunto te remito las facturas correspondientes a las comidas de Feria y que ha sido cambiado el concepto siguiendo vuestras indicaciones», describe, confirmando que la facturación fue retocada a dictado del sindicato.
Los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y destacadas organizaciones patronales (Caeb y Pime) utilizaron de forma «sistemáticamente irregular» fondos para financiar cursos de formación encaminados a paliar el desempleo en Baleares procedentes de las arcas estatales y de la Unión Europea. Así lo sostiene una batería de informes internos elaborados por los servicios de intervención de la comunidad autónoma después de que Bruselas decidiera bloquear temporalmente ayudas públicas al empleo por 38 millones de euros. De momento, sindicatos y entidades de la patronal han sido conminados por el actual Gobierno balear a devolver 3,9 millones de euros que cobraron durante los dos pasados mandatos para organizar cursos de formación que no justificaron correctamente. Entre las prácticas detectadas por los inspectores y consideradas «sospechosas susceptibles de constituir fraude», figuran algunas como la subcontratación recurrente de empresas vinculadas directamente a los propios sindicatos y patronal. También se ha denunciado la reiterada inclusión de costes «que no se corresponden a gastos reales» o la imputación a las partidas económicas para los cursos de formación de gastos injustificados como parte de las retribuciones de los líderes de esas organizaciones.
EL MUNDO 1, 4, 5


