UGT-Andalucía pagaba el cien por ciento de los gastos internos con subvenciones de la Junta

En concreto, según el testigo, el 40% de los gastos de estructura serán cargados a subvenciones de formación ocupacional, otro 40% a formación continua y el 20% restante a otros programas
El sindicato UGT pagaba casi el 100% de sus gastos de personal con las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía para formación, según uno de los testigos que ha declarado por el caso de las facturas falsas. El testigo, José Miguel G.R., ex trabajador en el departamento de Contabilidad de UGT en Andalucía, declaró a la Guardia Civil que el 100% de los gastos de personal quedaron cargados a distintos programas de formación ocupacional y formación continua. En concreto, según el testigo, el 40% de los gastos de estructura serán cargados a subvenciones de formación ocupacional, otro 40% a formación continua y el 20% restante a otros programas, en un porcentaje que era siempre fijado por el extesorero de UGT-A Federico Fresneda, ya imputado por el juez.
Los diarios publican estos datos que se han conocido hoy, al levantarse el secreto del sumario que mantiene abierto el juez de instrucción 9 de Sevilla y por el que en junio pasado tomó declaración a tres sindicalistas y trece empresarios imputados por emitir facturas falsas para UGT. Los periódicos también especifican que otro testigo, Roberto Alejandro M.C., declaró por su parte que entró en el departamento de compras de UGT-A en el año 2006 y ya entonces existían unas hojas de cálculo en las que se recogían unos saldos generados por determinados proveedores «de confianza», que emitían facturas por servicios «realmente no realizados».
Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge el sumario, el sindicato diseñó «una estructura empresarial ex profeso» para «justificar el presunto desvío de fondos públicos supuestamente malversados» destinados a su financiación.
Por otra parte, el mencionado extesorero de UGT en Andalucía Federico Fresneda, ha declarado al juez que los exsecretarios regionales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla conocían el llamado «rappel» o descuento que los suministradores hacían al sindicato y que no se reflejaba en las facturas que presentaban a la Junta.
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