López Marcano interpelará el lunes al Ejecutivo sobre los “varapalos judiciales” y el coste económico de los ceses de empleados públicos a propósito de la nueva sentemcia del Juzgado de lo Social.
Una nueva sentencia del Juzgado de lo Social de Santander ha declarado improcedente otro despido realizado por el Gobierno de Cantabria, en este caso el de una trabajadora del Consejo de la Mujer, a la que tendrá que indemnizar con casi 44.000 euros.
El fallo coincide en los argumentos con el emitido hace unas semanas en contra del despido de 7 empleados del Consejo de la Juventud y establece que la desaparición de estos organismos no justifica los despidos realizados por el Ejecutivo, al existir una “sucesión empresarial” que le obliga a asumir “la responsabilidad solidaria”.
La difusión de esta nueva sentencia, a la que el PRC ha tenido acceso a través de su secretaria de la Mujer, Matilde Ruiz, coincide en el tiempo con la interpelación que el diputado Javier López Marcano planteará el próximo lunes en el Pleno del Parlamento para el Gobierno dé cuenta de las consecuencias de la política de despidos que está llevando a cabo en las empresas públicas, tanto desde el punto de vista social como económico.
López Marcano ha presentado esta interpelación ante la falta de respuesta a las preguntas y peticiones de documentación que ha realizado desde el pasado mes de marzo y que aún no han recibido contestación, a pesar de las reiteradas quejas y requerimientos del Parlamento de Cantabria al Gobierno de Ignacio Diego para urgirle a cumplir con su obligación de facilitar a los diputados la información que le requieren.
El parlamentario regionalista espera que la interpelación del lunes “ponga fin de una vez al oscurantismo y la falta de transparencia” y sirva para aclarar las consecuencias de los despidos que ha realizado el Ejecutivo “con un absoluto desprecio por las leyes y por los derechos de los trabajadores”.
A falta de conocer las explicaciones oficiales, López Marcano calcula que la Comunidad Autónoma ha desembolsado hasta el momento más de 3 millones de euros para financiar “la caza de brujas que el presidente ha decidido realizar en la Administración Pública, utilizando el dinero de todos los cántabros para incrementar el paro y deshacerse de aquellos trabajadores que no le ríen las gracias”.
