Suspendido hasta julio el juicio a directivos de Sniace por presunto delito medioambiental

El escrito del fiscal pide dieciséis meses de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de los implicados. La empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas de su proceso industrial al Saja-Besaya.
JUICIO SUSPENDIDO HASTA JULIO. La ausencia del abogado de Blas Mezquita ha provocado la suspensión del juicio que comenzaba hoy contra varios directivos de Sniace. Un nuevo retraso dificílmente explicable, al entenderse por algunos medios que se trata de «trucos» de los acusados más importantes para evitar un pronto veredicto judicial.
BLAS MEZQUITAque fuera presidente de Sniace durante más de treinta años, es uno de los más sobresalientes que se sentarán hoy en el banquillo de los acusados en el juicio por los vertidos contaminantes de la empresa Sniace al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010. Según se ha informado, el juicio se desarrollará durante siete jornadas, hasta el día 19 de este mes de febrero.
Los hechos, constitutivos de un posible delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número dos de Santander, aunque las sesiones se desarrollarán, a partir de las nueve de la mañana, en el complejo judicial de Las Salesas.
Son ocho los acusados, todos ellos miembros del consejo de administración de Sniace, y entre los que destaca, como señalamos, el expresidente Blas Mezquita, que dimitió en enero de 2019, poco después de que la Audiencia Provincial de Cantabria les imputara por el presunto delito medioambiental. Entre los acusados también se encuentra el que fuera alcalde de Santander, Manuel Huerta.
Según el escrito del fiscal, que pide dieciséis meses de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de los implicados, la empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la que tenía desde 2002 «por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando».
La pena solicitada para cada uno de las ocho personas que se sientan en el banquillo asciende a dieciséis meses de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de 20 meses. Además, solicita que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural. Además, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a cincuenta millones de euros. El juicio está señalado para los días 9, 10, 11, 15, 17, 18 y 19 de febrero.