Sentencias TSJ: derogación de facto en Cantabria de la Ley de Contratos del Sector Público.

Todo político sabe ahora que puede dar a dedo cualquier trabajo, servicio, o contrato, a cualquier conocido, y además de pura palabra, sin necesidad de tramitar ningún tipo de expediente.
LA UNIÓN (LU) alertó que del resultado de las dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictadas en relación con las contrataciones administrativas efectuadas por el ex Consejero del Gobierno de Cantabria, del PRC, y del Alcalde de Polanco, del PP, se deduce “la derogación de facto en Cantabria de la Ley de Contratos del Sector Público”, además de la “clara discriminación al ciudadano que incumpla una Ley, un simple Reglamento, o incluso el Código de Circulación”.
Rafael Sebrango, el Presidente de la formación, precisó que “lo que tienen en común” ambas Sentencias es la conclusión de que “contratar verbalmente cualquier servicio, sin previo concurso ni publicidad, no tiene ningún efecto para el político que así actúe”.
El resultado de ambos procesos judiciales, que ha determinado la absolución de los políticos implicados “da alas al incumplimiento frontal de todo el sistema legal español de contratación de las Administraciones Públicas”.
“A partir de ahora, en Cantabria al menos, todo político sabe que puede dar a dedo cualquier trabajo, servicio, o contrato, a cualquier conocido, y además de pura palabra, sin necesidad de tramitar ningún tipo de expediente”, incidió, lo cual “no le supondrá ningún tipo de problema al político que lo haga”.
“Cualquier empresa afín al partido que gobierne, pasa a tener un gran incentivo”, prosiguió, ya que, explicó “todos los favores le pueden ser devueltos, sin miedo de ningún tipo, a través de contrataciones, sin competencia, efectuadas de viva voz, o por teléfono”.
Otra de las consecuencias nefastas que se desprenden de estas Sentencias, y en especial de la que absuelve al político del PRC, es que, apuntó Sebrango, “se convierte en muy útil para cualquier Alcalde o Consejero, crear infinitas empresas públicas”.
Mediante “la instrumentación del dinero público a través de empresas públicas”, según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria “se sortea cualquier posibilidad de ser condenado por prevaricación”, ya que, aclaró, el Tribunal considera que “los contratos que firma la empresa pública son privados, por lo que no requieren ningún tipo de control”.
“El contenido de estas Sentencias”, apuntan desde LA UNIÓN (LU), “es la patente de corso que le faltaba a nuestra clase política”.
“Ya tienen la impunidad que les faltaba para manejar el dinero público a su antojo”, lamentan “las empresas y profesionales que aspiren a contratar con la Administración, se deberán hacer rehenes del Partido Político de turno”.
“La corrupción estaba ya institucionalizada”, lamentó Sebrango, lo que a partir de ahora pasará “es que queda plenamente respaldada en una de sus modalidades”, lo cual, apostilló “abrirá una tremenda zanja entre política y legalidad”.
“Cualquier ciudadano que vulnera cualquier Ley, incluso simplemente el Código de Circulación, seguirá siendo castigado”, advirtió en cambio “el político que transgrede la Ley, mientras no haya matado a alguien, queda libre de cualquier culpa”.
Ambas Sentencias reconocen el incumplimiento brutal del sistema de contratación por los políticos implicados “respaldando así un amplio margen de impunidad al político, del cual carece el ciudadano”.
En este sentido, ironizó “debería publicarse el catálogo de Leyes que se pueden vulnerar sin miedo, y cuáles no”.
“Se ha abierto una gran grieta en el obligado cumplimiento de la Ley”,f finalizó.