Se juzga a seis personas por defraudación a Hacienda tras eludir el pago de IVA

CINCO DE ELLOS están acusados de cooperadores en la actividad delictiva.
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria
Procedimiento Abreviado 4/2022
Defraudación a la hacienda pública
Acusado de, en su condición de administrador único de una empresa dedicada a la elaboración y venta de palés, crear un entramado de empresas para eludir el pago del IVA de la madera que compraba y el abono a Hacienda del IVA devengado por la venta de los palés.
Junto a él, están acusadas otras cinco personas que cooperaron en esta actividad. Estas cinco personas fueron colocadas por el principal acusado al frente de otras empresas -que carecían de actividad real y de infraestructura material o personal- cuya finalidad era simular distintas operaciones
Según el ministerio fiscal, el principal acusado compraba a proveedores madera sin soportar el IVA, y, con el fin de evitar ingresar a Hacienda por el IVA devengado con ocasión de la posterior venta a terceros de los palés, utilizaba una estructura de empresas al frente de las cuales situó a familiares y personas de su confianza, pese a ser el acusado el que tenía el control de las mismas.
Unas empresas creaban la apariencia de ser las que vendían los palés a terceros, ocultando al vendedor real, que era la empresa del acusado; y otras simulaban operaciones de suministros y compra de maderas, lo que les permitía aparentar cuotas de IVA soportado, y poder así reducir las cuotas devengadas.
Toda la actividad era controlada, según la fiscalía, por el principal acusado, quien disponía de las cuentas bancarias de todas ellas, “retirando, a través de cheques al portador, las sumas que acaban en las cuentas de las referidas mercantiles, y que eran cobrados personalmente por él o alguien de su máxima confianza”.
Como resultado de la actividad de esta estructura empresarial, la mercantil del acusado eludió el pago del IVA correspondiente al ejercicio 2016 por 351.538 euros, y el correspondiente al 2017 por 340.946 euros.
La fiscalía considera los hechos un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con dos delitos de fraude a la hacienda pública; delitos que imputa como autores al principal acusado y a la empresa de la que era el administrador único.
A los cinco acusados restantes, les imputa los mismos delitos en su calidad de cooperadores necesarios.
La pena que solicita para el principal acusado asciende a tres años y medio de prisión y multa de 1,86 millones de euros, con arresto de cuarenta días en caso de impago. También pide la pérdida de que pueda obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante seis años.
Para su empresa, la pena solicitada es una multa del mismo importe: 1,86 millones de euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos durante cinco años. También pide que esta empresa no pueda contratar durante el mismo periodo con las administraciones públicas.
Para el resto de los acusados, cooperadores necesarios para la comisión del delito, la fiscalía pide tres años de prisión y multa de 1,2 millones de euros, con arresto de treinta días en caso de impago. También solicita que se les retire la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos.
Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el ministerio público solicita que todos los acusados indemnicen solidariamente a la Agencia Tributaria en 621.589 euros.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la Agencia Tributaria, solicita para el principal acusado, por cada delito fiscal, seis años de prisión y una multa de 3,7 millones de euros (el séxtuplo de lo defraudado).
También pide que sea privado de subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos durante ocho años, así como su inhabilitación para ejercer como administrador societario.
Para la empresa, también autora del delito, la Agencia Tributaria pide una multa de 2,5 millones de euros (el cuádruple de la cuota defraudada).
Para otro dos acusados, cooperadores necesarios, solicita, por cada uno de los dos delitos fiscales, cuatro años de prisión y una multa de 2,5 millones de euros. Nuevamente, pide la privación del derecho a obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos, durante seis años, y que se les inhabilite para administrar sociedades.
Y para los tres restantes, por cada delito fiscal dos años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros, así como la privación de subvenciones, ayudas, beneficios, incentivos públicos y la inhabilitación para administrar empresas.
En concepto de responsabilidad civil, la Agencia Tributaria solicita que sean condenados todos ellos al pago conjuntamente de una indemnización de 621.589 euros.
La defensa de la mayoría de los acusados alega, por su parte, nulidad del procedimiento por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y nulidad por vulneración del derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
Solicitan, todas las defensas, la libre absolución de sus clientes.
Nota:
Está previsto que este juicio se desarrolle del martes 21 de junio al jueves 23 de junio, en sesiones que darán comienzo a las diez de la mañana.