Propuestas de CCOO para aumentar los ingresos del sistema público de pensiones

Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de CCOO, ha explicado ante un centenar de personas, cuál es la postura del sindicato ante el anteproyecto de la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO ha advertido de que si las reformas propuestas por el Gobierno se pusiesen en marcha tal cual se han presentado, sin otras medidas de mejora de ingresos que pudieran corregir total o parcialmente sus efectos, supondrán una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15 años.
Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de CCOO, ha explicado ante un centenar de personas, cuál es la postura del sindicato ante el anteproyecto de la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización de las Pensiones que ha presentado el Gobierno y ha informado sobre las propuestas de CCOO para conseguir la revalorización de las pensiones y para que se ajusten a lo establecido en la Ley 27/2011, un acuerdo que nació de forma unánime entre las organizaciones sindicales y empresariales para establecer un Factor de Sostenibilidad.Un pensionista que perciba una pensión de 1.000 euros mensuales, bajo el sistema de revalorización actual, percibiría, tras 10 años, una pensión de 1.219 euros. Con la propuesta actual del gobierno, si la pensión se revalorizase al 0,25%, la pensión que percibiría pasados esos mismos 10 años, sería 1.025 euros; es decir, 196 euros mensuales menos. Por tanto, el pensionista, tras ese periodo, podría llegar a ver reducido su poder adquisitivo en hasta un 15,9%, o hasta el 20% si la inflación del periodo fuese similar a la media de los 10 últimos años, un 2,5%.Bravo ha explicado que aunque el Gobierno anuncia disposición a discutir de medidas de mejora de ingresos, en realidad no incorpora ninguna en sus propuestas, ni en las remitidas a los interlocutores sociales, ni en el anteproyecto de Ley remitido al Consejo Económico y Social. Con ello, se orienta simplemente a utilizar la reforma del factor de sostenibilidad para corregir el déficit que coyunturalmente presenta el sistema de Seguridad Social.El secretario confederal de Protección Social de CCOO ha hecho hincapié en que el Ejecutivo olvida que el verdadero objetivo de cualquier actuación en relación con la sostenibilidad de las pensiones, presentes y futuras, debe estar orientada a enfrentar el diferencial negativo de ingresos y gastos en la Seguridad Social que la crisis económica y la destrucción de empleo que ha inducido, han provocado.Medidas de CCOOFrente a una alternativa basada únicamente en la contención del gasto, CCOO, como en otras ocasiones, contrapone la idea de actuaciones equilibradas y defiende que las pensiones causadas tras una vida laboral y el esfuerzo de cotización de cada persona, deben mantener su poder adquisitivo durante los años en los que, sin capacidad ya de reacción en la mayoría de los casos, se tiene la condición de pensionista.CCOO no comparte las medidas propuestas por el Gobierno (FS e IRP) y en su lugar apuesta por  impulsar una batería de medidas alternativas para actuar sobre el sistema de pensiones en el corto, medio y largo plazo. Todo ello, con una perspectiva de equiparación a los países de nuestro entorno en cuanto al porcentaje del PIB que dedicamos a sostener nuestro sistema de pensiones, pasando del actual 10,2% al entorno del 13,5% en el que ya se sitúan esos países..Una parte significativa de esta aportación debe producirse en el corto plazo y el resto, se incorporaría progresivamente a medio plazo permitiendo asumir el previsto incremento de gasto en pensiones en las próximas décadas con medidas adaptadas a la actual coyuntura y otras de carácter más estructural.Medidas a corto plazoIncremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, en dos puntos porcentuales, mediante un esfuerzo adicional compartido entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado.Medidas de aplicación progresivaIncremento de base máxima de cotización.La base máxima de cotización en los últimos años, con la excepción de 2013, ha crecido por debajo de la evolución de los salarios y las bases medias de cotización. En línea con lo previsto en el Acuerdo de Pensiones de 2011 y en la Ley 27/2011, las bases máximas de cotización deben crecer, aumentando su aportación a los ingresos de la Seguridad Social.Un incremento, progresivo en el tiempo, hasta alcanzar, al menos, un 15% de la base máxima supone la mejora de ingresos en más de 1.900 millones de euros anuales (0,18% del PIB) y mejoraría la pensión de estos trabajadores manteniendo un diferencial solidario a favor del sistema por la relación entre base máxima y pensión máxima, que debería crecer de forma compatible con este objetivo.Convergencia de la base media de cotización del RETA con la del Régimen General.Conforme a lo previsto en el Acuerdo de Pensiones de 2011 y en la Ley 27/2011, profundizar en la promoción del proceso de convergencia entre la base media de cotización de los autónomos (hoy un 42% inferior a la que declaran los trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General). En 2013, se ha iniciado muytímidamente ese camino.Asunción del Estado de los gastos de personal de la administración de Seguridad Social.En 2013 los PGE destinarán un total de 2.640 millones de euros (0,25% del PIB) derivados de cotizaciones sociales para cubrir los gastos de personal de la administración de la Seguridad Social, siendo ésta la única administración que no financia dicha partida con cargo a la imposición general.Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.Las políticas activas de empleo no deben financiarse con cargo a la Seguridad Social, sino con recursos adicionales. Las reducciones de cuotas suponen una merma de ingresos al sistema cifrada para 2013 en 600 millones de euros (0,05% del PIB), si bien ha multiplicado esa cifra en ejercicios anteriores, mientras que en el caso de las bonificaciones, es el Estado quien asume el pago de las cotizaciones y el sistemamantiene sus ingresos.Políticas de carácter estructuralPolíticas de reactivación económica que contribuyan a recuperar los más de 3 millones de empleos perdidos en la crisis.La pérdida de cada millón de afiliados a la Seguridad Social supone una reducción de ingresos de 5.000 millones de euros anuales, los 3 millones largos de empleos destruidos equivalen a un 1,43% del PIB en términos de cotizaciones que no se ingresan cada año en Seguridad Social, siendo esta una consecuencia derivada del drama humano que provoca la masiva destrucción de empleo que padecemos.Persecución del fraude asociado a la economía sumergida.Distintos estudios y estimaciones sitúan en el entorno del 20% del PIB el volumen de negocio asociado a actividades económicas no declaradas. A este respecto tiene especial repercusión tanto el trabajo producido por personas no dadas de alta en laseguridad social como las que cotizan, o se ven obligadas a cotizar, por debajo de su salario o ingresos reales.Financiación de las prestaciones de muerte y supervivencia.Las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia, actualmente se encuentran financiadas por el nivel contributivo del sistema con cargo a las cotizaciones sociales. Este criterio ha sido mantenido a lo largo de los trabajos y negociaciones en el ámbito del Diálogo Social e informes de actualización del Pacto de Toledo. Atendiendo a la estructura y composición actual de personas perceptoras de esta prestación, deberá seguir siendo así al menos parcialmente, durante un periodo prolongado de tiempo.La reforma fiscal es la actuación estructural más determinante y necesaria en la economía española que determina la capacidad de actuación del Estado y el resto de administraciones públicas.Si bien la estructura normativa de los ingresos en España es similar a la europea, incluso superior en la media en algunos tributos como es el IVA después de la última subida, la recaudación es mucho menor (casi 90.000 millones menos en 2012), la razón es el menor cumplimiento de las obligaciones fiscales comparado con los países del entorno.La tolerancia con el fraude fiscal en España es insostenible en términos económicos y éticos.La lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad de las tareas del gobierno y debe acompañarse de cambios en la normativa y recursos humanos para aflorarlo y penalizarlo. La educación de la población debe caminar de la mano de la más severa penalización de los infractores.