PRC y PSOE presentan 61 propuestas para reactivar la economía y reclaman el pago de 2016 millones a Valdecilla

Plantean medidas en el ámbito sociosanitario y socioeconómico, y reivindicaciones al Gobierno de España
Los grupos parlamentarios regionalista y socialista han registrado un total de61propuestas de resolución a la Comisión especial de seguimiento del COVID-19 del Parlamento de Cantabria, querecogenmedidas sociosanitarias y socioeconómicas,y reivindicaciones al Gobierno de España.
Las propuestas planteadas por ambas formaciones políticas surgen después de haber escuchado las intervenciones de los diferentes comparecientes en la citada comisión y atienden algunas de las demandas planteadas para la reactivación económica, la investigación, la atención sanitaria y a la dependencia, y la previsión ante nuevas pandemias.
De este modo, proponen lamejora de la colaboración entrelos centros que atienden a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia,y el Servicio Cántabro de Salud, para conseguir una atención más fluida a los residentes, fomentando la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para la mejor solución de los problemas socio-sanitarios de todas las personas usuarias del sistema de dependencia.
Para ello, apuntan ala creación de una Mesa de Trabajo que analice y busque alternativas que permitan afrontar el reto de la continuidad de los cuidados y una coordinación efectiva entre los sistemas social y sanitario
La realización,de manera permanente, detest PCR y test deanticuerpos en losdichoscentros para asegurar la prevención de posibles contagios del COVID-19 entre la población de mayor riesgo, es otra de las propuestas.
También, plantean la concesión del premio Beato de Liébana a los profesionales sanitarios y socio-sanitarios de Cantabria, en particular, y de España, en general, como reconocimiento a su “labor ejemplar” durante la crisis del COVID-19.
En materia sociosanitaria, proponen, igualmente, el mantenimiento de la financiación de la sanidad pública cántabra “en una cuantía suficiente”; el desarrollo deun Plan de Contención de la Pandemia Covid-19 que incluya un Plan de Detección Precoz de nuevos contagios, un seguimiento personalizado de los mismos, un rastreo y análisis de los posibles contactos y un Plan de Aislamiento de todos los contagios,para la contención de nuevos brotes; y el reforzamiento del servicio de Atención Primaria,para garantizar la adecuación de recursos a la labor preventiva que se les asigna en la detección de la enfermedad.
Igualmente, contemplan medidas de colaboración con las administraciones locales para el asesoramiento técnico y legal, el fomento del teletrabajo o la adopción de medidas de prevención laboral. Además de un plan de reactivación de la obra pública, con el que se pretende movilizar 200 millones de euros junto a la iniciativa privada.
El establecimiento de programas de ayudas al sector pesquero, ganadero y agroalimentario y la puesta en marcha de medidas que flexibilicen los aforos en establecimientos turísticos, restaurantes y hoteles para optimizar su ocupación siempre que se garanticen las medidas seguridad sanitaria.
En el ámbito turístico, también plantean la implantación de un ‘cheque sanitario’para gratificar al personal socio-sanitario, la colaboración con agencias de viajes para el intercambio de turistas entre las distintas Comunidades Autónomas, o la promoción de la España Verde.
Reclamaciones al Gobierno de España
En las reclamaciones al Gobierno de España,recogeel pago de los 22 millones de euros impagos por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 correspondientes a las obras de Valdecilla, y que ha sido avalado por la Audiencia Nacional.
También, se insta a que el reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas se realice conforme a los criterios de financiaciónautónomicay teniendo en cuenta no sólo los gastos directos e indirectos del COVID-19 sino la inversión previa en el sistema socio-sanitario de las Comunidades y el coste efectivo de los servicios en las mismas, de modo que a Cantabria le corresponda una cantidad entre los 200 y 300 millones de euros. Asimismo, se plantea que los pagos de los citados fondos se realicen antes del mes de septiembre del año 2020.
Otra de las propuestas incide en que se autorice a los ayuntamientos al uso de los remantes de tesorería, a que se flexibilice el objetivo de déficit y los ERTES, para que vayan más allá del estado de alarma en sectores como en sectores especialmente sensibles como hostelería, comercio, agencias viaje o empresas culturales, entre otras, y, en todo caso, hasta que sea posible recuperar la actividad media del sector y sea posible la reincorporación plena a los puestos de trabajo en condiciones que no supongan la inviabilidad económica de los negocios y empresas.
Por último, se insta al Gobierno de España a que tramite ante la Unión Europea diferentes fondos, con el fin de proporcionar ayuda y asistencia básica esencial a las personas en situación más vulnerable como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 o hacer frente a los gastos derivados de la pandemia.