PRC y PSOE plantean pedir responsabilidades al Gobierno por el «fiasco» de la empresa

“La participación del Gobierno en empresas privadas siempre tiene que ir precedida de una propuesta estratégica y de calidad, y de un proyecto industrial que tenga viabilidad y sostenibilidad.
Santander, 6 de marzo de 2014. “Los socialistas exigiremos responsabilidades al presidente del Gobierno, Ignacio Diego y al consejero de Innovación e Industria, Eduardo Arasti, por ser los responsables de haber autorizado la participación del Gobierno en la empresa Néstor Martín. Una operación  que en apenas un año se ha demostrado que es un fiasco, y que todo apunta se ha hecho sin las garantías necesarias”, ha manifestado Eva Díaz Tezanos, secretaria general del PSC-PSOE.“La participación del Gobierno en empresas privadas siempre tiene que ir precedida de una propuesta estratégica y de calidad, y de un proyecto industrial que  tenga viabilidad y sostenibilidad. Nada de eso ha ocurrido con Néstor Martin”, afirmó la líder socialista.En este sentido, añadió que en el caso de la empresa Néstor Martín “se ha visto claramente que no era una apuesta estratégica porque en Cantabria ya había una empresa privada en el mismo sector. Y por otro lado, y a los hechos me remito, se ha puesto de manifiesto, en apenas un año, que el Gobierno de Diego decidió participar en un proyecto sin viabilidad, y en el que están en juego 11,5 millones de euros de todos los ciudadanos de Cantabria”, aseveró Díaz Tezanos.“La situación de Néstor Martin es muy preocupante y espero que Diego, su Gobierno y el PP tomen las medidas necesarias para evitar la pérdida de empleo, y de los 11, 5 millones de euros con los que Cantabria participa en la empresa”, dijo la secretaria general de los socialistas cántabros.Finalmente, manifestó que el PSOE quiere conocer los informes y los estudios de mercado realizados, así como cuáles eran las garantías de este proyecto. Y por ello, se ha  presentado una iniciativa en el Parlamento de Cantabria, que se verá el próximo 17 de marzo, en la que se pregunta por los criterios de participación del Gobierno y de Sodercan en empresas privadas.