El actual secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, consiguió en 2023 una plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes mientras ocupaba el cargo de alcalde del municipio. Lo hizo tras convocar, siendo regidor, un concurso de méritos que terminó beneficiándole directamente.
Según adelantó El Diario Montañés el proceso fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en diciembre de 2022, dentro de la convocatoria para estabilizar el empleo público y reducir la temporalidad. Entre las plazas ofertadas figuraba la de encargado de mantenimiento, puesto que él mismo ocupaba antes de acceder a la Alcaldía en 2015.
El detalle más llamativo es que, cuando el proceso se resolvió, Molleda era el único aspirante admitido. El BOC del 29 de septiembre de 2023 recoge la lista definitiva firmada por el propio alcalde, así como la composición del tribunal calificador, integrado únicamente por trabajadores del Consistorio.
Molleda dejó la Alcaldía en abril de este año, tras ser nombrado por Pedro Casares como número tres del PSOE cántabro. Sin embargo, su paso por el Ayuntamiento deja una sombra de duda sobre la ética del procedimiento que le permitió consolidar su plaza de funcionario mientras ostentaba el máximo cargo político local.
Desde el PSOE regional, la portavoz Ainoa Quiñones ha cerrado filas en torno a él y ha asegurado que “todo está conforme a la ley”. Según defendió, Molleda llevaba más de doce años trabajando en el Ayuntamiento antes de ser alcalde y, por tanto, “estaba en pleno derecho de hacer lo que hizo conforme a la legislación vigente”.
Pese a la defensa interna, la polémica crece por la oportunidad y transparencia del proceso. No son pocos los que cuestionan que un alcalde firme y supervise una convocatoria que termina beneficiándole personalmente, incluso aunque la normativa no lo prohíba expresamente.
Mientras la dirección socialista evita abrir debate y reitera su “plena confianza” en Molleda, el caso deja en evidencia una práctica que, aun siendo legal, reabre el debate sobre los límites éticos en la política local y el uso del poder institucional en beneficio propio.
