Nuevas novedades en la causa que salpica de lleno a la cumbre del Partido Socialista cántabro. Según publica El Diario Montañés, la médica de familia María Luisa Real, exconsejera de Sanidad y actual presidenta del PSOE de Cantabria, ha solicitado amparo formal al Colegio Oficial de Médicos de Cantabria tras la filtración del informe preliminar de la Gerencia de Atención Primaria que reveló su identidad como la profesional investigada por la presunta trama de citas falsas y bloqueo de agenda en el Centro de Salud de Vargas.
En declaraciones recogidas por el rotativo cántabro, el presidente de la institución colegial, Javier Hernández de Sande, ha confirmado que se ha dado traslado a la asesoría jurídica del colegio y se han pedido explicaciones a la Consejería de Salud para esclarecer la posible quiebra de seguridad en la custodia de datos. Hernández de Sande ha subrayado que «como colegiada, tiene derecho a la protección de datos y es nuestra obligación responder a su petición de amparo», matizando que la entidad no entra a valorar el fondo del asunto hasta que no exista una resolución definitiva por parte de la Inspección Sanitaria.
Esta maniobra defensiva de la líder socialista se produce en pleno desarrollo de las pesquisas encargadas por la Consejería de Salud, cuyo titular, César Pascual, ha calificado de «gravísimos» los hechos expuestos en el expediente. Las averiguaciones parten de la denuncia formulada por el equipo médico del SUAP de Los Castros, que alertó de la saturación del servicio de urgencias por pacientes del cupo de Real que no lograban citarse con ella, descubriendo consultas programadas sin el conocimiento ni el consentimiento de los propios enfermos.
La investigación abierta trata de esclarecer cómo la presidenta del PSOE de Cantabria mantiene completamente bloqueados todos los huecos de libre disposición de su consulta hasta febrero de 2027, así como la existencia de registros e interacciones en su agenda a altas horas de la noche y durante fines de semana, a pesar de no contar con acceso remoto autorizado. Paralelamente, se indaga el habitual retraso en su incorporación al puesto de trabajo pasadas las nueve de la mañana, la manipulación de citas presenciales para convertirlas en telefónicas y la alteración de actos médicos con semanas de antelación para simular su realización e impedir que los pacientes pudieran anularlos.
El recurso al Colegio de Médicos por la vía de la confidencialidad busca desviar el foco del escándalo asistencial que rodea a la expresidenta del SCS, que vuelve a quedar cuestionada por las prácticas en la gestión sanitaria pública mientras el procedimiento de la Inspección Médica sigue su curso para determinar las responsabilidades disciplinarias y administrativas.
