Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, supeditó ayer el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica a la reforma fiscal que el Gobierno ha fechado para el primer trimestre de 2014
El Gobierno catalán cuantificó ayer en 9.375,7 millones de euros los que calificó como «incumplimientos» del Gobierno central con la Generalitat de Cataluña. Según el informeLa deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de situación, existen unas supuestas «deslealtades» del Gobierno con respecto a Cataluña, un listado en forma de «memorial de agravios». En el documento se pone de manifiesto que «la cronificación de una actuación desleal por parte del Estado comparte una vulneración directa del principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos», según explicó en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.
Según la Generalitat, los incumplimientos del Gobierno central se corresponden con deudas pendientes en infraestructuras, por una cantidad de 5.748 millones de euros; otros 672,6 son fruto de la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715,2, se deben a medidas que ha dictado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalitat, mientras que 1.239,9 son fruto de medidas estatales que implican un decrecimiento de los ingresos del Gobierno.
Según Homs, esta deuda tiene varias vías de origen, comenzando por los recortes que desde 2010 ha venido realizando el Estado y que habrían repercutido a las arcas autonómicas, así como el incumplimiento del sistema de financiación pactado en 2009 y de la disposición tercera del Estatut, que establecía que la inversión del Estado hasta 2014 en obras públicas catalanas debía equipararse a la contribución que hace Cataluña al Producto Interior Bruto (PIB) de toda España.
En el texto también se critica la actitud del Gobierno hacia la lengua, la educación y la cultura catalanas, enumerando algunos ejemplos, como la falta de voluntad de reconocer la diversidad lingüística en las Cortes, el Parlamento Europeo y otras institucionales internacionales.
El informe concluye señalando que «la deslealtad institucional practicada por el Estado español tiene como principal consecuencia directa para la ciudadanía el incremento de desigualdades y la discriminación entre los ciudadanos por razón del territorio donde viven».
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, poco antes de la presentación del informe, dijo ayer que lo que está en juego en Cataluña no es un «intercambio de cromos», parafraseando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien el pasado lunes utilizó una frase similar durante una reunión con los barones del PP.
Mas añadió que lo que está en juego en Cataluña es un «estadio diferente» en el que se debe dar respuesta a las «aspiraciones» catalanas permitiendo una consulta.
Posteriormente, Artur Mas reivindicó ayer la «libertad, entendida como plenitud de una nación», durante la entrega de las Medallas al trabajo del Presidente Macià 2013 en el Palau de la Generalitat, según recogen las agencias, que detallan que defendió la lengua y cultura y la voluntad de ejercer la democracia como ejes del alma de Cataluña.
Por otra parte,LA VANGUARDIAyEL PERIÓDICOrecogen que el ponente de la Constitución Miquel Roca dijo ayer que «la Constitución no impide hacer la consulta. En otro momento, también advirtió de que «históricamente a Cataluña no le han ido bien las rupturas».
RESPUESTA DEL PP
El portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Antonio Gallego, consideró ayer «un insulto a la inteligencia» que la Generalitat elabore una lista de las presuntas deslealtades del Estado a la comunidad, cuando, según recordó, el Gobierno central lleva 20 meses inyectándole dinero. El dirigente popular acusó a la Generalitat de hacer una lectura «engañosa» de las cifras y de los flujos económicos entre Cataluña y España, además de dar «una versión parcial» para poner de manifiesto aquello que no le gusta.
Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, supeditó ayer el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica a la reforma fiscal que el Gobierno ha fechado para el primer trimestre de 2014, porque, según recalcó, antes de discutir «cómo se reparten los ingresos» hay que determinar cómo se logran. Según Alonso, en rueda de prensa en la Cámara Baja, lo primero es hacer un diagnóstico del sistema vigente, después acometer la reforma tributaria, y, en tercer lugar, debatir el nuevo modelo de financiación.
Por otro lado, Alfonso Alonso dijo, sobre las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre la unidad de España y la amenaza del independentismo, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, piensa lo mismo que Aznar sobre la unidad de España, y que la defiende con la misma firmeza, aunque, según apuntó, «sus estilos» sean diferentes.
EL PAÍSpublica de forma destacada que «Hacienda prepara un desmentido cifra a cifra» como respuesta al informe de «agravios» presentado por la Generalitat.
Por otra parte, la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, en declaraciones a TVE recogidas por las agencias, reprochó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su rechazo a abordar en este momento la reforma del modelo de financiación autonómica, subrayando que con este asunto se ha «roto totalmente» la imagen que ha intentado vender el PP durante mucho tiempo, de partido que dice lo mismo en todos los sitios».
El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaime Malet, dijo ayer que una eventual independencia de Cataluña «podría llevar a una deslocalización masiva de puestos de trabajo y de inversión» de muchas compañías extranjeras. En una entrevista en Catalunya Ràdio, dijo que existe una preocupación «muy grande y creciente de la inversión extranjera en general» por el proceso. Malet apuntó que para las «élites económicas y política» el proceso catalán «no está en la agenda. Nadie habla de esto.
Por otro lado,LA RAZÓNpublica en exclusiva y de forma destaca en portada que un empresario de Castellón, al que califica de «antiindependentista, tiene la patente la estelada.
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que en los presupuestos gallegos para 2014, que su Ejecutivo aprobará esta semana, se incluirá una rebaja de medio punto -del 12 al 11,5%- del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los que tengan una base liquidable de hasta 17.700 euros.
Feijóo hizo este anuncio en su primer debate sobre política general de su segundo mandato como presidente de la comunidad, en el que recalcó, «desde un moderado optimismo», que Galicia superará pronto la crisis, al tiempo que situó a la autonomía «en los primeros puestos de salida» de la misma.
Por otra parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, bajará también el tramo autonómico del IRPF, que se reducirá del 51,9 actual al 51,1 en los próximos presupuestos. El dirigente madrileño se mostró satisfecho con el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de publicar las balanzas fiscales.
Los diarios recuerdan, en este contexto, que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, fue el primero que anunció una bajada de impuestos el pasado mes de junio, mientras el presidente valenciano, Alberto Fabra, avanzó hace 10 días una deducción en el IRPF para la rehabilitación de vivienda de hasta el 10%. Sobre este asunto,ABCtitula: «la tregua que duró un día», en relación con la reunión del pasado lunes para aplazar el nuevo sistema autonómico hasta que se lleve a cabo la reforma tributaria del Estado.EL PERIÓDICOseñala que «los barones populares desoyen al Gobierno e insisten en hablar de financiación.
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