Los sindicatos rechazan cualquier «adjudicación a la baja» de la limpieza de los edificios municipales de Santander

UGT, CCOO y USO solicitan una reunión con el alcalde por el escaso presupuesto ofertado por algunas de las empresas que optan al servicio y por incluirse en él ofertas económicas de empresas no ajustadas a la realidad
El comité de empresa de Limpiezas Garayalde, actual empresa adjudicataria de la limpieza de edificios municipales de Santander, reclamó hoy en un comunicado que la licitación del servicio para este año “no admita a aquellas empresas cuya oferta presupuestaria esté por debajo del denominado precio de convenio colectivo, tal y como sucede con alguna de las siete ofertas presentadas”.En su comunicado, el comité de empresa de Limpiezas Garayalde, integrado por los sindicatos UGT, CCOO y USO, advierte que “algunas de las empresas incluidas en el pliego de licitación ofertan un presupuesto irreal que no cubre ni con mucho el precio por hora trabajada ni las necesidades laborales, sociales y económicas de más de 150 trabajadores que realizan el servicio de limpieza para más de una treintena de dependencias municipales”.Por ello, los sindicatos han solicitado una reunión con el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, para “trasladarle nuestra preocupación por cómo se está llevando a cabo el concurso de licitación y por incluirse en él ofertas económicas de empresas no ajustadas a la realidad del servicio y muy por debajo de ellas”.El comité de empresa de Limpiezas Garayalde, que se reunió con carácter extraordinario el pasado día 26 para analizar las ofertas de las empresas que optan al servicio de limpieza de edificios municipales de Santander, matiza que “está demostrado hasta la saciedad que la adjudicación a empresas con presupuestos por debajo de los costes de convenio colectivo sólo generan un mal servicio y todo tipo de conflictos laborales porque al final los que pagan la diferencia son los trabajadores con sus condiciones laborales, su jornada, su salario y hasta con su empleo”.Los sindicatos de la empresa que realiza en la actualidad el servicio reiteran que rechazarán cualquier adjudicación con “una oferta económica claramente insuficiente” y advierten que si es necesario recurrirán el concurso de licitación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Estado.