La Asociación de Magistrados admite que el Poder Judicial «pudo y debió hacer mucho más» para proteger los derechos humanos durante el régimen militar
«El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal», ha señalado en un comunicado laAsociación de Magistrados del Poder Judicial.
Este gesto se suma a distintas declaraciones de condena a las violaciones de derechos humanos y a peticiones de perdón hechas por políticos de derecha, como el ministro del InteriorAndrés Chadwicko el senadorHernán Larraín, que fueron partidarios del régimen.
«Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención», han indicado los magistrados.
La Asociación ha recalcado que «el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más», y ha puesto como ejemplo el rechazo de miles derecursos de amparoen los tribunales, la negativa sistemática a investigar los hechos y la renuencia a acudir personalmente a centros dedetencióny tortura.
«Estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón», ha declarado la Asociación, que ha invitado a laCorte Supremaa realizar también unaautocríticapor sus actuaciones y omisiones y por no dispensar a las víctimas «la protección jurisdiccional que tanto le fue reclamada».
Durante la dictadura, unas3.200 personas fallecierony38.000 sufrieron prisiónpolítica o tortura.
El régimen militar, que se prolongó por 17 años, contó no solo con el apoyo de las Fuerzas Armadas sino también con la anuencia de influyentes sectores civiles, entre ellos el Poder Judicial, poderosos grupos empresariales y varios medios de comunicación.


