LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES denuncia el «cinismo» de los poderes públicos en la lucha contra la corrupción que exhiben una actitud de cara a la galería de rechazo total contra este problema.
LaUnión Progresista de Fiscales(UPF) ha denunciado en las conclusiones de sucongresoanual, que será clausurado hoy enSan Sebastián, el «cinismo» de los poderes públicos en la lucha contra la corrupción que exhiben una actitud de cara a la galería de rechazo total contra este problema y, sin embargo, “las medidas que adoptan no sólo no favorecen” el combate contra “esta lacra”, sino que incluso de hecho lo “obstaculizan”. De ahí que esta asociación profesional solicite a la Administración que evite cualquier injerencia en la acción de la justicia y presten, por el contrario, “su colaboración absoluta”.
Losfiscales progresistashan efectuado una serie de propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción. En las conclusiones del congreso, que serán al fiscal general del Estado,Eduardo Torres-Dulce, reclaman “reformas sustantivas capaces de ser eficaces y de dar una respuesta penal proporcionada” a conductas corruptas. Entre esas medidas, apuestan por endurecer las penas para los cohechos impropios y que los comisos por delitos de corrupción no se limiten a la dádiva, sino que se pueda aplicar a otros bienes. El objetivo es conseguir una regulación similar a lo establecido actualmente para organizaciones criminales o terroristas. La UPF también considera que se debe potenciar laFiscalía Anticorrupcióncon más plantilla y su despliegue en toda España y denuncia “las cada vez más frecuentes campañas de desprestigio y ataques personales” que sufren los funcionarios encargados de reprimir la corrupción política y económica.
En sus conclusiones, esta asociación de fiscales efectúa una dura critica a la actuación del fiscal general del Estado, que califica de “negativa” en cuanto “ha comportado un menoscabo de los principios de objetividad, imparcialidad y autonomía que deben presidir el ejercicio de la función fiscal”. Y expone una serie de ejemplos, como su decisión de abrir una investigación con los restos de los trenes del atentado del 11-M a raíz de una “tendenciosa información publicada en un diario digital”. Asimismo, se le critica su actuación respecto al fiscal superior de Cataluña,Martín Rodríguez Sol, pendiente de ser relevado de sus funciones por expresar su opinión sobre el referéndum soberanista catalán. Al entender de la UPF, la actuación por parte de Torres-Dulce “revela una concepción autoritaria del principio de dependencia jerárquica” y sostienen que la medida de “la remoción” adoptada como respuesta inmediata y fulminante no sólo fue “desproporcionada”, sino que “mengua la confianza social en la neutralidad de la institución.
En cambio, señala la UPF, “es preocupante la pasividad que está mostrando la Fiscalía General del Estado ante un problema de gran impacto social y posible trascendencia penal como es el de las participaciones preferentes”. Los fiscales progresistas opinan que “aunque hay evidencias de una posible gran estafa a gran escala, ejecutada a partir de instrucciones con origen en las más altas instituciones financieras”, se constata “la ausencia de un planteamiento estratégico global” por parte de Torres-Dulce. Tal “pasividad”, incide la asociación, resulta especialmente “grave y chocante”, por ejemplo, si se compara con la reciente iniciativa de la Fiscalía General respecto a los escraches.
La UPF, además, considera “necesaria y urgente” la modificación de la actual regulación de los indultos, ya que en la actualidad “no garantiza su finalidad de evitar el excesivo rigor del Derecho Penal para casos excepcionales y, por contra, atenta contra la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos y contraviene el principio de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad”, entre otros principios. En el debate interno ha salido a relucir en varias ocasiones el indulto a un banquero. La asociación también rechazan los proyectos de reforma legislativas, como el código procesal penal y el código penal, que impulsa el ministro de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón.
