EN CANTABRIA los desahucios acordados en el tercer trimestre de este año descendieron un 45,5 por ciento en relación al segundo trimestre del año, hasta los 231 procedimientos
Lacrisiscontinúa haciendo mella en la capacidad de las familias para afrontar sus deudas y en los nueve primeros meses del año losprocedimientos de desalojode viviendas, locales o fincas, llamados popularmentedesahucios, ascendieron a 49.702, la cifra más alta desde que se difunden estos datos. Por su parte, los desahucios acordados en Cantabria en el tercer trimestre de este año descendieron un 45,5 por ciento en relación al segundo trimestre del año, hasta los 231 procedimientos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este descenso es más acusado que el registrado de media en España, que ha sido de un 34 por ciento, y en términos absolutos representa 192 lanzamientos menos que los acordados en la comunidad autónoma en el segundo trimestre, según los datos consultados por Europa Press.
Respecto al primer trimestre del año, en el que se registraron en la comunidad autónoma 289 lanzamientos, la cifra ha descendido en el tercer trimestre un 20 por ciento (-58 procedimientos en términos absolutos).
A nivel nacional, los desahucios registrados en los Juzgados de Primera Instancia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre, entre los que se incluyen todo tipo de lanzamientos de bienes objeto de impago, desde hipotecas hasta alquileres, descendieron un 34% respecto al trimestre precedente, hasta los 19.314 procedimientos.
DATOS DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Al llegar a final de año, se tienen datos más exactos. De esta manera, según la estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace cuatro años, entre enero y septiembre los desalojos han crecido un 15,9 % y ya han superado los contabilizados en todo el ejercicio 2010, cuando se registraron 47.809.
El número de desalojos en el tercer trimestre aumentó también un 15,9 por ciento frente al mismo periodo de 2011, aunque cayó respecto a los tres meses precedentes, al pasar de 18.668 a 12.610.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se exige el pago de una deuda garantizada mediante hipoteca que puede acabar en un desalojo o lanzamiento), entre enero y septiembre pasados los juzgados recibieron 67.537 expedientes, el 18,3 % más que un año antes.
En el tercer trimestre se registraron 19.324 ejecuciones, un 30 % más que el año pasado, y, al igual que en el caso de los lanzamientos, se redujeron sobre el periodo julio-septiembre (19.324 frente a 23.421).
Para paliar el impacto de los desalojos, el Gobierno aprobó en noviembre pasado un decreto-ley que paraliza dos años los casos que afectan a colectivos sociales vulnerables, una norma que actualmente se tramita como proyecto de ley en el Congreso con la finalidad de incluir iniciativas de los grupos parlamentarios.
La oposición política y los consumidores criticaron la eficacia del decreto debido a la gran cantidad de requisitos económicos y sociales que deben reunir los beneficiarios.
No obstante, el portavoz de Economía en el Congreso del PSOE, Valeriano Gómez, ha afirmado hoy en rueda de prensa su voluntad de lograr un acuerdo y ha confiado en que el compromiso de negociación del Gobierno se lleve a la práctica.
Gómez ha defendido la iniciativa legal presentada por su partido y ha considerado que la solución a los desahucios no puede dejarse a un código de buenas prácticas, en referencia al código voluntario para la banca aprobado en marzo de este año por el Gobierno.
El presidente de la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha asegurado que «la sangría no ha parado en absoluto» y ha pronosticado un aumento en el número de desalojos este año y el que viene.
Pardos ha indicado que la estadística judicial contradice los números aportados por el Ministerio de Economía, que ofrece datos «prácticamente ridículos en un intento de rebajar el problema».
La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año fue la Comunidad Valenciana, con 12.464, lo que supone un incremento del 23,2 por ciento sobre 2011, seguida de Andalucía, con 9.920 casos, el 36,7 por ciento más.
A continuación se encuentran la Comunidad de Madrid, que registró un 8,6 por ciento más de desalojos, hasta 7.761, y Cataluña, que con 4.727 desalojos registra un descenso del 4,3 por ciento.
En términos porcentuales, las comunidades donde más crecieron fueron Murcia, que pasó de 584 a 865 desalojos, un 48,1 por ciento más; la ya mencionada Andalucía; Asturias, que creció el 36,6 por ciento al pasar de 1.100 a 1.500; y Extremadura, que registró un incremento del 31,4 por ciento, 402 frente a 306 casos.
Los datos del CGPJ sobre lanzamientos o desalojos contabilizan procesos de cambios de propiedad en inmuebles, voluntarios o forzosos, pero no tienen en cuenta si se trata de fincas rústicas o urbanas ni si son o no viviendas.
El pasado 7 de diciembre el Gobierno aprobó un real decreto que obliga al Instituto Nacional de Estadística (INE) a publicar trimestralmente datos pormenorizados de desalojos, con el fin de conocer si afecta a una familia en su primera vivienda o no, o si se trata locales, naves industriales u otro tipo de bienes.
La siguiente tabla muestra, por comunidades autónomas, los desahucios y las ejecuciones iniciados en los nueve primeros meses del año y la diferencia con respecto al año anterior.
