La reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas constituye un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española, pues conlleva reducir las necesidades de financiación de las empresas
La sostenibilidad financiera, encuentra su peor enemigo en el descontrol de la deuda. Un aumento desmedido de la deuda del sector público, tanto en lo referido a la deuda financiera como a la deuda comercial, pone en riesgo el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera o, lo que es lo mismo, la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros.
Cristóbal Montoro recordó los proyectos de ley que están en tramitación parlamentaria y que pretenden luchar contra la morosidad en el sector público: ley de deuda comercial y la ley factura electrónica. Dichos proyectos se enmarcan en el conjunto de reformas que el Gobierno ha puesto en marcha para erradicar la morosidad en el sector público que son complementarias entre sí, dirigidas tanto a Comunidades Autónomas (CCAA) como a Entidades Locales (EELL), y son de dos tipos:
Estructurales las ya mencionadas:
Coyunturales:
Como objetivos particulares que se pretenden alcanzar con las medidas ya adoptadas destacan: Financiar (de forma condicionada y controlada) el stock de facturas pendientes de pago de CCAA y de EELL; evitar el gasto no contabilizado ni registrado y garantizar el cumplimiento de los plazos normativos de pago a proveedores.
anzado.
